La iniciativa, impulsada por el diputado Héctor Recalde, ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara Baja y avanza en el recinto para su posterior debate.
El texto del proyecto prevé que, salvo prueba en contrario, el desvinculamiento de empleados que actuaron como testigos que se encontraran prestando servicios para la empresa demandada obedece a ese motivo cuando se disponga dentro del año posterior a su declaración ante el tribunal interviniente.
Asimismo, el segundo punto de la iniciativa sostiene que "en caso que el empleador produzca un despido en esas condiciones, el trabajador podrá optar entre percibir una indemnización equivalente a un año de remuneraciones, que se acumulará a la establecida en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo o a la que corresponda según el estatuto profesional aplicable, o accionar por su reinstalación en el puesto de trabajo con mas el pago de los salarios de tramitación".
Cabe señalar que si un trabajador debe ser testigo en un juicio laboral se encuentra en un dilema trascendental ya que podría sufrir represalias si declara contra la empresa o faltar a la verdad, en caso contrario.
En relación a lo planteado, Recalde manifestó que "el proyecto resulta idóneo a fin de garantizar una protección mínima al empleado que tenga la carga legal de prestar declaración testimonial en una causa judicial, sin que, a tal efecto, recaiga sobre sus espaldas el riesgo de ser perjudicado por su empleador con motivo de los dichos vertidos en su deposición judicial".
Si fuese aprobado como ley, las empresas experimentarían un incremento significativo en sus costos laborales y, además, correrían el riesgo de verse expuestas a futuros juicios.
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