El 20 julio pasado, la Comisión Europea[1] presentó un amplio paquete de normas en materia de regulación antilavado y financiamiento del terrorismo. Entre todas ellas, el que tuvo especial repercusión fue el proyecto de crear una autoridad centralizada cuyo objeto será combatir más eficazmente al lavado de activos (Anti Money Laundering Authority, «AMLA», por sus siglas en inglés); ello, por supuesto, en vistas a disminuir la cantidad de dinero marginal que está siendo blanqueado dentro del Viejo Continente.

Concretamente, la Comisión presentó un auspicioso conjunto de propuestas legislativas[2] con miras a fortalecer las ya vigentes normas de la Unión Europea antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (normas «AML / CFT», por sus siglas en inglés). El conjunto de normas propuestas no solo contempla la creación de la nueva autoridad antilavado, sino que también busca lograr una mayor armonía entre todas las normas vigentes en materia de AML / CFT a lo largo de Europa, por medio de la implementación de nuevas regulaciones en lo que respecta a los tenedores de criptoactivos, a los pagos con dinero en efectivo (que no podrán superar los € 10 000) y la organización de las unidades de inteligencia financiera de cada uno de los miembros de la Unión, entre otras cosas[3].

Efectivamente, el objetivo es crear, dentro de la Unión Europea, un nuevo organismo de control con miras a combatir con mayor eficacia el blanqueo de capitales que, en los últimos tiempos ha crecido notoriamente. Dan cuenta de ello los escándalos bancarios de los últimos tiempos —que en su mayoría fueron descubiertos e investigados por los Estados Unidos, lo cual también es llamativo—: el caso del Danske Bank[4], del ING Bank[5], del Banco de Madrid[6], del ABLV Bank[7] y del Pilatus Bank[8] son solo algunos, que se suman, en este contexto, a las recientes incautaciones de criptomonedas —por cifras millonarias— en Londres[9]; dándonos la pauta de que es menester, en la inmediatez, la implementación de un cambio.

Con todo, es evidente que la Unión Europea, hasta ahora, no pudo combatir exitosamente al lavado de activos —así como también a la financiación del terrorismo, que, indirectamente, se beneficia con la proliferación del lavado—; y es que no parece ser la solución el hecho de que un conjunto de agencias nacionales, actuando sin una centralización, se encarguen de la erradicación de este tipo de conductas delictivas tan complejas y que se suelen caracterizar justamente por su transnacionalidad. Suena lógico entonces, que, consecuentemente con el fenómeno que se quiere justamente combatir, se ponga en marcha la idea de una agencia que amplíe los márgenes de acción, para poder así abarcar otras áreas —tanto territoriales como financieras y tecnológicas—, dentro de un plan de acción conjunta (a nivel continental) que estará sustentado por los fondos comunes de la propia Unión Europea. Sin perjuicio de eso, vale recordar que, de acuerdo con el proyecto que fue presentado, la AMLA será independiente de la Autoridad Bancaria Europea («EBA», por sus siglas en inglés), a pesar de que esta última ya cuenta con un sector especializado en la materia[10]; puesto que las actividades de la primera no se ceñirán exclusivamente al sector financiero. Aunque no es menos cierto tampoco que las actuaciones de la Autoridad Bancaria en el último tiempo, con relación a los escándalos bancarios que se suscitaron en Europa recientemente, no han sido descubiertos, ni prevenidos de algún modo, por aquella.

En esa tesitura, el objeto de esta AMLA, como una nueva agencia con facultades transnacionales, consistirá en ocupar el lugar central dentro del sistema regulatorio preventivo, en el que también están ya involucrado las autoridades nacionales de cada país miembro de la Unión. Así, la Comisión pretende poner coto a una circulación de dinero «sucio» anual que, de acuerdo con las estimaciones de la Europol y de la propia Comisión, rebasa los € 130 000 000 000[11]; dinero que se traslada especialmente a través de ciertos productos, servicios y actividades económicas que están en la mira de este nuevo proyecto, sobre todo, porque allí el control sobre origen del dinero suele perderse más rápidamente (se destacan entre ellas las transacciones dentro del fútbol profesional, las ciberapuestas, la compraventa de criptomonedas, el intercambio de divisas, los fondos de inversión y los pagos a las aseguradoras).

Para lograr la empresa propuesta, la AMLA deberá controlar y supervisar a cada una de las entidades financieras dentro del continente; y, con especial énfasis, deberá poner el ojo sobre aquellas que se consideren de mayor riesgo (p. ej., por su clientela, por los métodos de financiación que utilicen o por su reputación y su vínculo con otros países fuera del continente). A su vez, dicha autoridad tendrá que mantener al sistema financiero europeo impoluto frente al creciente crimen organizado; mientras orquesta y encausa los esfuerzos de las diversas unidades de inteligencia y de información financiera que en varios de los países del continente vienen dejando bastante que desear frente a la aparición de repetidos desenfrenos, no solo por parte de las entidades bancarias, sino también —y no exclusivamente— de las casas de apuestas online, de las plataformas digitales destinadas a la compraventa de criptoactivos y de los clubes de fútbol profesional[12].

Resumiendo, vigilar que las entidades de inteligencia financiera de cada gobierno dentro de la Unión hagan su trabajo y tengan una mejor coordinación entre sí, aplicación de un código normativo único y homólogo mediante, será la principal labor de esta nueva agencia. En efecto, es indudable que el papel de la AMLA pone en jaque a varias jurisdicciones dentro de la Unión que suelen ser conocidas por su «debilidad», en tanto son más permeables y permiten más fácilmente la entrada de dinero ilícito dentro del sistema bancario europeo (p. ej., Austria, Chipre, Luxemburgo, Malta y los estados bálticos en general); al margen de que, nobleza obliga, también muchos de los casos de blanqueo más resonantes del continente se produjeron en bancos  y entidades financieras neerlandesas, alemanas, nórdicas y españolas[13].

En este último respecto, la AMLA tendrá la difícil tarea de coordinar y evaluar a las instituciones financieras y crediticias que tengan funcionamiento dentro al menos diez países de la Unión. Sin duda es un cometido muy ambicioso, pues incluye no solo a los bancos —que fueron históricamente los más regulados—, sino a las empresas dedicadas al cambio de divisas, a la administración de fondos de inversión, a la compraventa y la tenencia de criptoactivos y de dinero virtual, a las apuestas online, entre tantas otras áreas que hasta ahora no han sido del todo cubiertas en lo que respecta a legislación AML / CFT.

El paquete de medidas, que es extenso, cubre muchas áreas que hasta ahora no venían siendo del todo exploradas. De ese modo, la Comisión, plenamente consciente de los avances tecnológicos financieros y de las necesidades de que la legislación acompañe esos adelantamientos, propuso nuevas reglas en lo que hace a la divulgación de los verdaderos propietarios de los criptoactivos; pues, frente a la carencia de reglas en ese campo, a aquellos que poseían activos de esas características quedaban muy expuestos frente a los riesgos implícitos del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que se valen de la utilización de esos medios digitales —generalmente anónimos— para una exitosa circulación del dinero ilegítimo.

Pues entonces, a efectos de cumplir con su labor, la AMLA tendrá que sopesar dentro de cada una de las instituciones que vaya a controlar tres variables distintas: los clientes[14], los productos ofrecidos[15] y las áreas en las que se hayan realizado las operaciones en cuestión[16]; en tanto y en cuanto un descuido en alguna de ellas puede importar un riesgo mayor para el acrecentamiento del lavado de activos o del financiamiento del terrorismo.

Además de todo eso, la Agencia tendrá facultades sancionadoras, lo que en cierta en forma la hace más fuerte; no obstante, la decisión final siempre la tendrá el Tribunal de Justicia de la U. E. En definitiva, la AMLA podrá imponer multas que, en el peor de los casos, alcancen el 10 % de la productividad anual de la entidad involucrada en la infracción que fuere. Desde ya, esas multas serán impuestas sobre la base de la gravedad de la infracción (p. ej., por el número de países de la Unión perjudicados, por la participación de funcionarios, por la cantidad de dinero, etcétera), y podrán ser recurridas, llegado el caso, ante el Tribunal de Justicia.

Al final de cuentas, el diagnóstico ya fue realizado por la Comisión —y, a mi entender, con buen tino—; y, actualmente, nos encontramos en presencia de un momento de incertidumbre dentro la Unión —frente a la salida del Reino Unido, en un evidente predomino económico de los Estados Unidos, junto a la creciente China—; un momento que denota la necesidad de que los estados europeos más poderosos tomen la delantera, como históricamente lo han hecho, e implementen iniciativas como estas para no quedarse tan detrás y demostrar que aún son un territorio confiable. Algunos pueden pensar que en esta materia Europa siempre corre por detrás —incluso, muy por detrás—, otros, en cambio, pueden opinar lo contrario; pero lo cierto es que con la implementación de estas medidas la Unión Europea está encausando mancomunadamente sus esfuerzos en pos de colocarse a la vanguardia en lo que respecta a la prevención, la sanción y la erradicación del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo como nadie en todo el mundo. Es turno, ahora, de que comiencen a aplicar todo esto rigurosamente.