Una mujer denunció la supuesta inconstitucionalidad de la ley 4888, la cual creó el “Sistema de Estacionamiento Regulado” que permite que quien gane la licitación para la colocación de parquímetros cobre una tarifa por el estacionamiento y remueva los vehículos que no cumplan con el pago.
“Los bienes públicos que actualmente son de utilidad gratuita de los ciudadanos, pasarían a convertirse en bienes de utilización onerosa”, aclara la demanda que nombra una “virtual privatización” de las calles.
Ahora el juez en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Francisco Ferrer, decidió suspender la licitación para la colocación de parquímetros en distintos barrios de la capital.
Como el magistrado suspendió la operación por la medida cautelar antes mencionada, se deberá resolver si es o no constitucional la decisión adoptada por el gobierno de Mauricio Macri.
Esto ocurriría si la medida no es revocada en segunda instancia. De esta manera se debería esperar la sentencia definitiva del asunto o la acreditación del “cumplimiento del procedimiento de doble lectura previo a la sanción de la ley que pretende introducir modificaciones sobre el Sistema de Estacionamiento Regulado”.
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