La Unión Europea ha marcado un hito al aprobar la Ley de Inteligencia Artificial (IA), estableciendo un marco normativo integral para regular esta tecnología emergente. Esta legislación tiene como objetivos primordiales garantizar la seguridad de los sistemas de IA utilizados dentro de la UE y promover la inversión y la innovación en este campo. Con su aplicación prevista para entrar en vigencia hacia mediados de 2026, la ley se perfila como un referente global en la materia.
Uno de los aspectos destacados de esta normativa es la regulación de los sistemas de inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, que deberán cumplir criterios de transparencia, garantizar el respeto por los derechos de autor en los datos utilizados para su entrenamiento, y asegurar que son seguros antes de ser introducidos al mercado europeo. Esta medida busca adaptarse a la rápida evolución de la tecnología y anticiparse a futuros desarrollos aún inimaginables.
La ley clasifica los sistemas de IA en función del riesgo que representan, aplicando normativas más estrictas a aquellos considerados de alto riesgo, e incluso prohibiendo ciertos usos que se consideran inaceptables, como la manipulación cognitiva o el rastreo indiscriminado de imágenes faciales. Esta clasificación por riesgos tiene como fin principal proteger los derechos fundamentales y la seguridad de los ciudadanos europeos.
Además, la ley establece salvaguardas específicas para el uso de tecnologías de identificación biométrica en espacios públicos, permitiéndolas únicamente bajo condiciones estrictas y con previa autorización judicial para casos específicos como la prevención de amenazas terroristas o la búsqueda de personas sospechosas de cometer delitos graves.
La creación de la Oficina de IA de la Comisión Europea es otro punto clave, la cual tendrá la tarea de supervisar la implementación de la normativa, asegurar el cumplimiento por parte de los Estados miembros y supervisar los modelos de IA más avanzados, contribuyendo así a establecer estándares y prácticas éticas en el desarrollo y uso de esta tecnología.
El reglamento prevé multas con un tope de 35 millones de euros (37,6 millones de dólares) o el 7% del volumen global de negocio de las empresas. Esto es muy relevante para todas aquellas empresas que desarrollen sistemas con componentes de Inteligencia Artificial y deseen exportarlo a la Unión Europea, aunque con la experiencia en el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, puede convertirse rápidamente en un estándar global, donde todas las empresas deberán adecuarse para poder crecer en el desarrollo y/o comercialización de estos sistemas.
En resumen, esta ley representa un paso adelante significativo en el abordaje de los desafíos éticos, de seguridad y de derechos fundamentales que plantea la inteligencia artificial, poniendo a Europa a la vanguardia de la regulación de esta tecnología clave para el futuro.
Por Juan Pablo Altmark
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