Por Leandro M. Castelli y Santiago Codazzi
Marval, O'Farrell & Mairal   A pesar de que la acción de clase no cuenta aún con su marco normativo específico, pareciera existir consenso parlamentario en torno a ciertos aspectos fundamentales.

Tal como se comentara en nuestro Marval News # 102, a partir que la Corte Suprema emitiera el fallo “Halabi” en febrero de 2009, se presentaron en el Congreso Nacional un importante número de proyectos de ley tendientes a reglamentar las acciones de clase. Actualmente, existen en trámite siete proyectos destinados a regir el instituto, varios de los cuales están próximos a perder su estado parlamentario.

 

Entre ellos merece destacarse el proyecto presentado por la Senadora Liliana Negre de Alonso, Presidente de la Comisión de Legislación General del Senado, el cual tiende a unificar los intereses e inquietudes arrimadas por los distintos sectores en pugna.

 

Si bien el texto y los alcances del proyecto aún no están definidos, entre los miembros de la Comisión existiría consenso en relación a determinados aspectos que se detallan a continuación.

 

Jurisdicción federal - Emulando al CAFA 2005 (Class Action Fairness Act) de los Estados Unidos, el proyecto habría de atribuir jurisdicción federal a las acciones de clase. En tanto se trata de un proceso complejo de características particulares, la intensión sería la de crear tribunales especiales para dirimir este tipo de causas.

 

Plazo para contestar la demanda - En atención a las particularidades del proceso colectivo, la iniciativa contemplaría un plazo superior a los 15 días hábiles para contestar la demanda, con el objeto de garantizar el adecuado derecho de la defensa en juicio de la parte accionada.

 

Etapa de certificación - Siguiendo la regulación tradicional de las acciones de clase en los Estados Unidos (Federal Rule of Civil Procedure 23), existe consenso en la inclusión de una etapa previa de certificación de la clase, a través de la cual el tribunal determine la existencia de un universo con intereses homogéneos que justifique el tratamiento del caso como una acción de clase.

 

Representación adecuada - Respetando también la práctica anglosajona, el Parlamento contempla la necesidad de determinar un adecuado representante de la clase, el cual deberá satisfacer los estándares jurídicos y económicos inherentes a esta naturaleza de juicios.

 

Sistema de exclusión - La opinión mayoritaria bregaría por un sistema de opt-out al estilo de la Rule 23, mediante el cual los integrantes de la clase tendrán la oportunidad de solicitar su exclusión expresa de los alcances de la decisión judicial a emitirse para el conjunto. De este modo, permanecerá incólume su derecho a accionar individualmente por los mismos hechos.

 

Único proceso para todo el país - A fin de evitar la superposición de acciones y procesos de clase, a lo largo y a lo ancho de la República, la intención del Parlamento sería la de emitir una ley marco a la cual se adhieran las distintas provincias. Esta premisa tiende a uniformar esta especie de acciones y a evitar la promoción de planteos constitucionales en orden a la naturaleza eminentemente local de la normativa procesal.

 

Registro Nacional de Acciones de Clase - Con fines similares a los que inspira la unicidad de procesos, existiría acuerdo en la Comisión para la creación de un Registro Nacional de Acciones de Clase. El asiento registral permitirá impedir la promoción de procesos similares o idénticos en distintas jurisdicciones, evitando prácticas disvaliosas de forum shopping.

 

En principio, estos serían los puntos fundamentales entre los que existiría un principio de acuerdo en el seno de la Comisión de Legislación General del Senado de la Nación. De cualquier forma, habrá que esperar a que el Congreso Nacional retome su actividad ordinaria en marzo del año próximo, para ver si estos lineamientos -y algunos otros-, finalmente se traducen en una realidad legislativa.

 

Artículo Publicado en Marval News # 111 del 30 de Noviembre de 2011.