Apelaron la Resolución contra la IGJ Porteña
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Procuración General, decidió apelar la sentencia que suspendía la entrada en vigencia del Registro Público de Comercio y Controlador  de Personas Jurídicas. Hasta el próximo viernes, el Ejecutivo porteño posee un plazo para presentar los fundamentos de la presentación, donde entre otras cosas se critica la adopción de la medida cautelar así como la competencia del juez en lo comercial Máximo Astorga, el cual interviene en la causa. En octubre del año pasado, le Legislatura porteña aprobó una ley que determinaba la creación de un registro público de comercio y contralor societario, con el fin de hacer más simples los trámites de las sociedades y personas  jurídicas. Luego de la sanción de dicha normativa, la Fiscalía General  de la Cámara Comercial presentó una medida cautelar para que se suspendiese dicha normativa  y sea declarada inconstitucional. La fiscal general de la Cámara Comercial, había solicitado una acción con el fin de que se declarase la inconstitucionalidad del nuevo organismo, debido a que se afectaban las competencias de la Inspección General de Justicia, como consecuencia del mismo. El magistrado de primera instancia había decidido  hacer lugar a dicho pedido, para proteger a los ciudadanos de la inseguridad jurídica y del estado de incertidumbre generado.

 

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