El Premio Nobel de Economía 2025, anunciado hace pocos días, fue otorgado a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt por sus contribuciones al entendimiento del crecimiento económico y la innovación tecnológica [1]. Su trabajo —que refina y expande el concepto schumpeteriano de "destrucción creativa"— describe con precisión quirúrgica lo que está ocurriendo ahora mismo en la profesión legal argentina. Mientras discutimos si la IA nos "ayuda" o nos "reemplaza", la verdadera batalla se libra en otro frente: entre quienes pueden acceder a las nuevas herramientas y quienes quedan condenados a una obsolescencia silenciosa pero inexorable.

No es la primera vez que una profesión enfrenta su momento “telar Jacquard”. Lo que sí resulta inédito es la velocidad del cambio y la amplitud de la brecha que está generando. ¿Estamos ante una transformación que democratiza el acceso al derecho o ante la consolidación de una aristocracia tecnológica que hará irrelevante a tres cuartas partes del campo profesional?

La respuesta, según estos tres economistas galardonados, no depende de la tecnología en sí misma. Depende de cómo estructuremos el acceso, la competencia y los incentivos. Los hallazgos de Aghion en particular —contraintuitivos, incómodos, rigurosamente validados en su libro de 2021 "El poder de la destrucción creativa"[2]— ofrecen un marco conceptual para repensar nuestra estrategia de supervivencia profesional. No como recetario, sino como diagnóstico de las fuerzas reales que determinarán qué estudios sobrevivirán y cuáles se extinguirán en los próximos tres años.

I. La Paradoja del Riesgo: El Peligro No Está en Automatizar, Sino en No Hacerlo

Las plantas industriales francesas que aumentaron su automatización durante el período 2019-2023 en un 1%, experimentaron crecimiento de empleo del 0,25% a dos años y se estima que a 0,4% a diez años[3]. Suena a “poco”; pero hay que ver la otra cara de la moneda: las que no lo hicieron redujeron personal o quebraron. El mecanismo se replica en servicios profesionales con lógica implacable.

La intuición nos dice: "si automatizo tareas, despido personal". Los datos dicen lo contrario con terquedad empírica. La empresa que automatiza reduce costos, mejora calidad, conquista mercados nuevos, y termina contratando más gente para atender la demanda expandida que antes le resultaba inaccesible por limitaciones operativas o de precio. Este es el "efecto productividad" de Aghion [4]: la tecnología que reemplaza tareas no destruye empleos en el agregado, sino que redistribuye el trabajo hacia actividades de mayor valor que la eficiencia recién conquistada hace posibles y rentables.

El verdadero asesino es el "efecto expulsión"[5]. El estudio que no automatiza pierde competitividad frente a los rivales que sí lo hicieron, se vuelve más caro o más lento que alternativas disponibles en el mercado, y termina reduciendo personal no porque la tecnología haya reemplazado a seres humanos sino porque los clientes se fueron a otra parte. La extinción no llega por innovar demasiado, sino por quedarse quieto mientras otros avanzan.

Para la abogacía argentina, esto tiene implicancias profundas. El abogado individual o el estudio mediano que se rehúsa a incorporar IA —ya sea por resistencia ideológica, desconocimiento técnico o imposibilidad económica— no está preservando empleos. Está firmando su propia sentencia de muerte profesional. Los clientes corporativos ya exigen velocidad, precisión y costo que solo la automatización permite[6]. Los clientes individuales descubren cada día que si el profesional usa herramientas adecuadas el precio del servicio puede bajar dramáticamente[7].

La pregunta, entonces, no es si automatizar o no. Es cómo hacerlo cuando las plataformas comerciales dominantes —pensadas para mercados anglosajones, estudios grandes, presupuestos corporativos— resultan inaccesibles para el 85% de la matrícula profesional argentina[8]. Volveré sobre esto en unos párrafos.

II. La Curva de la "U Invertida": Más Competencia No Siempre Beneficia a Todos

Aghion demostró algo perturbador: la relación entre competencia e innovación tiene forma de U invertida[9]. Para empresas que ya son líderes tecnológicos, una mayor competencia funciona como un látigo: las obliga a innovar para escapar de los perseguidores que se les acercan. Este es el "efecto escape". Pero para empresas rezagadas, lejos de la frontera tecnológica de su industria, más competencia opera como un verdugo: reduce sus márgenes a niveles donde innovar deja de tener sentido porque la brecha con los líderes parece insalvable. Este es el "efecto desestimulante"[10].

Traducido a lenguaje del ejercicio profesional concreto: si se es socio de un estudio grande, de renombre, una mayor presión competitiva empuja a invertir más en tecnología para mantener distancia con perseguidores. Si se es por el contrario un estudio unipersonal en una ciudad pequeña, o incluso en los grandes centros urbanos donde ejercen decenas de miles de abogados, ver cómo los estudios más grandes automatizan todo su back office con sistemas que cuestan USD 100.000 anuales[11] desalienta el mero intento de competir. La gente tiende a bajar los brazos. O a aceptar un nicho marginal y mal remunerado. O espera la jubilación, que tampoco es una opción atractiva como todos sabemos.

La política de competencia, entonces, no puede ser neutral. Fomentar competencia sin garantizar acceso a herramientas básicas de innovación no democratiza el mercado: lo segmenta. Crea una primera división tecnificada y una segunda división artesanal condenada al desvanecimiento progresivo. ¿Es esto lo que queremos como política profesional implícita?

La solución no pasa por proteger a los débiles mediante regulaciones que frenen a los fuertes —eso sería “ludismo” institucionalizado—. Pasa por reducir las barreras de entrada a la innovación: plataformas escalables, modelos de pricing accesibles, capacitación masiva, alianzas sinérgicas entre estudios medianos para compartir infraestructura tecnológica. Si la curva es una U invertida, la única forma de que todos se beneficien de más competencia es achatar esa U: acercar a los rezagados a la frontera tecnológica antes de intensificar la presión competitiva.

III. Métricas Obsoletas: Seguimos Midiendo con Reglas del Siglo XX

El PBI, señala Aghion, es cada vez más ineficiente para capturar el bienestar real en economías digitales[12]. Las miles de fotos que tomamos con smartphones tienen valor inmenso para nosotros pero no suman al PBI porque no cuestan nada en el momento de captura. El tiempo que ahorramos al reservar un vuelo online en lugar de hacer cola en una agencia de viajes es utilidad pura que las estadísticas ignoran. El propio proceso de destrucción creativa —donde productos físicos son reemplazados por servicios intangibles y gratuitos— convierte al PBI en una vara de medir obsoleta para el verdadero bienestar humano.

La abogacía padece el mismo síndrome métrico. Seguimos midiendo éxito profesional con honorarios facturados, cuando cada vez más valor se genera en dimensiones que no facturamos: la velocidad de respuesta, la claridad de comunicación, la accesibilidad del profesional, la capacidad de anticipar problemas antes de que exploten (lo que los industriales llaman mantenimiento preventivo y predictivo, pero aplicado a los asuntos jurídicos), la tranquilidad mental que le damos al cliente. Un estudio que responde consultas en dos horas genera más valor real que uno que tarda dos semanas, pero si ambos cobran lo mismo por el trabajo final, las métricas tradicionales no capturan esa diferencia de calidad.

Peor aún: muchas veces el mejor trabajo legal es el que evita litigios, reclamos o contingencias. Pero ese trabajo preventivo —que salva fortunas en costos futuros— suele ser invisibilizado o subvalorado porque nuestra cultura profesional premia las batallas épicas en los tribunales más que la ingeniería institucional que hace innecesarias esas reyertas.

La IA agudiza esta distorsión métrica. Un socio de un estudio que usa cualquiera de las IA que “conocemos todos” para armar un borrador inicial de un contrato y luego lo perfecciona humanamente, puede entregar el mismo producto final en un tercio del tiempo. Si factura por horas, su ingreso cae, aunque su productividad real subió. Si factura por producto, mantiene sus ingresos pero libera tiempo que podría dedicar a más clientes o a trabajo estratégico de mayor valor agregado. Las métricas actuales castigan la eficiencia en lugar de premiarla.

Necesitamos nuevas formas de medir el valor profesional. Satisfacción del cliente. Tasa de problemas evitados versus resueltos. Velocidad de respuesta. Claridad de comunicación. Innovación en soluciones. Estos indicadores existen en otras industrias de servicios profesionales hace décadas[13]. La abogacía sigue atrapada en un sistema de medición donde lo único que cuenta es lo facturable en planilla horaria, condenándonos a optimizar la métrica equivocada mientras el mundo cambia alrededor.

IV. No Toda Desigualdad Es Igual: El Origen Importa Más Que la Magnitud

La distinción más potente de Aghion es entre dos tipos de desigualdad con efectos opuestos sobre movilidad social y crecimiento[14].

Desigualdad por innovación: Surge cuando alguien crea valor nuevo que antes no existía. El emprendedor que desarrolla una solución disruptiva concentra riqueza, sí, pero al mismo tiempo desafía élites establecidas, abre mercados nuevos, genera oportunidades para otros. Esta desigualdad está correlacionada positivamente con movilidad social porque premia el mérito de crear sobre el privilegio de heredar.

Desigualdad por lobby: Surge cuando actores establecidos usan poder político para proteger rentas existentes mediante barreras artificiales de entrada. Las licencias de taxi que cotizan a USD 200.000 y prohíben competencia de aplicaciones no reflejan valor creado sino privilegio cristalizado en regulación. Esta desigualdad está correlacionada negativamente con la movilidad social porque consolida poder de élites existentes y bloquea ascenso de nuevos actores.

Trasladado al campo profesional legal: ¿qué tipo de desigualdad estamos generando? Cuando un estudio grande invierte en tecnología y ofrece servicios mejores más rápidos más baratos, esa ventaja competitiva es legítima. Refleja innovación. Premia esfuerzo. Genera valor social. Pero cuando ese mismo estudio presiona para regulaciones que hacen prohibitivamente caro que estudios medianos accedan a herramientas similares —por ejemplo, exigiendo certificaciones costosas, seguros específicos, o estándares de compliance que solo firmas de cierta escala pueden cumplir— esa ventaja competitiva deja de ser mérito y pasa a ser lobby.

El ecosistema de IA legal actual genera desigualdad de ambos tipos simultáneamente. Por un lado, premia innovación genuina: el profesional que domina cómo hacerle preguntas a la IA (“prompt engineering”), entiende las limitaciones de los modelos generativos y sus sesgos, y puede supervisar críticamente outputs algorítmicos, tiene una ventaja legítima sobre quien no lo hace. Por otro lado, se consolida privilegio estructural: las plataformas comerciales dominantes tienen precios que solo grandes estudios pueden pagar, modelos de licenciamiento que penalizan el uso individual o a pequeña escala, y barreras idiomáticas/jurisdiccionales que favorecen mercados anglosajones sobre latinoamericanos[15].

La política profesional debe distinguir entre ambos tipos. Combatir la desigualdad que surge de innovación genuina es dispararse en el pie: destruye el motor mismo del progreso. Pero tolerar pasivamente la desigualdad que surge de barreras artificiales de acceso es condenar al 85% de la matrícula a una segunda división perpetua.

La Encrucijada Argentina: Tres Escenarios Posibles

El marco teórico de Aghion ilumina tres futuros alternativos para la abogacía local en los próximos cinco años[16].

Escenario 1: Segmentación tecnológica. Los grandes estudios adoptan soluciones avanzadas de inteligencia artificial, automatizan procesos y logran reducir precios en los segmentos de mayor volumen. Esto dificulta la competencia para quienes no pueden igualar la eficiencia tecnológica y las economías de escala, lo que lleva a una creciente concentración del mercado. Como consecuencia, se debilita la clase media profesional y se acentúa la polarización entre una élite corporativa y un sector artesanal más marginal. Este resultado es probable si los interesados en “seguir en carrera” no se actualizan, no buscan también innovación por su cuenta, convirtiendo la crisis en oportunidad de buscar sinergias y apalancamiento operativo con colegas con los mismos desafíos.

Escenario 2: Ludismo Regulatorio. Los colegios profesionales, alarmados por el desplazamiento de socios tradicionales, impulsan regulaciones que frenan adopción de IA: establecen requisitos de supervisión humana tan estrictos que vuelven inviable la automatización, prohibiciones de uso de modelos generativos para ciertos trámites, certificaciones onerosas que solo estudios grandes pueden costear. Resultado: protección temporal de incumbentes, pérdida de competitividad sistémica de la abogacía argentina frente a servicios legales importados o plataformas tecnológicas extraterritoriales, extinción retardada pero igualmente inevitable. Este es el camino del miedo disfrazado de prudencia.

Escenario 3: Innovación Inclusiva. Federaciones de estudios medianos, universidades, colegios profesionales y actores privados construyen infraestructura de IA legal escalable, accesible y adaptada al contexto normativo local. Modelos de pricing que premian uso colectivo sobre individual. Plataformas open source o de código abierto supervisado. Capacitación masiva con aportes de los interesados para bajar costos y generar ganancias de eficiencia. Alianzas cooperativas para compartir costos de implementación. Resultado: democratización real del acceso a herramientas, competencia basada en talento interpretativo más que en capacidad de inversión tecnológica, preservación de diversidad institucional en el campo profesional. Este es el camino difícil que requiere coordinación y visión estratégica.

Nada garantiza que transitemos la opción tres. Requiere liderazgo institucional que hoy no se ve. Demanda superar intereses corporativos de corto plazo. Implica reconocer que el futuro de la profesión no se juega en la batalla simbólica sobre si la IA es "buena" o "mala", sino en la disputa material sobre quién controla el acceso a las herramientas que definirán qué tipo de abogados sobrevivirán y cuáles desaparecerán.

Conclusión: Del Ludismo a la Estrategia

Los hermanos Ludd rompían telares en la época de la Revolución Industrial porque veían máquinas como enemigas de su sustento. No entendían —o no podían aceptar— que el problema no era la tecnología sino la distribución asimétrica de sus beneficios. La historia los recuerda como símbolo de resistencia fútil ante el progreso inevitable.

La abogacía argentina enfrenta su propio momento Ludd. Podemos romper telares simbólicamente mediante regulaciones que frenen innovación. Podemos resignarnos a una segmentación tecnológica donde solo sobreviven los que más recursos tienen para invertir en ella. O podemos construir infraestructura que democratice acceso a herramientas mientras preservamos el juicio humano como centro irreemplazable de la práctica profesional.

Los tres economistas galardonados con el Nobel 2025 nos ofrecen más que teoría abstracta. Nos entregan un modelo predictivo de cómo la destrucción creativa operará sobre nuestro campo. Las fuerzas que describen —efectos productividad versus expulsión, curvas U invertidas de competencia, desigualdad por innovación versus lobby— ya están activas. No podemos detenerlas. Podemos elegir cómo canalizarlas.

La pregunta no es si la IA transformará la abogacía. Es si esa transformación generará una profesión más justa, accesible y competitiva, o si cristalizará privilegios de una nueva aristocracia tecnológica mientras el resto observa desde el margen cómo se extingue lentamente su relevancia profesional.

Puede sonar paradójico, pero grafica el “momento”: Vimos que alrededor del 80% de los abogados argentinos trabaja en estudios de menos de 3 personas o en forma individual[17]. Pero casi ninguna plataforma comercial de IA legal ofrece planes específicos para este segmento mayoritario[18].

La destrucción creativa no pregunta permiso. Simplemente destruye y crea, en ese orden. Lo único que podemos elegir es qué preservar del mundo que destruye y qué construir en el espacio que deja vacío.