De los 44 países que incorporaron nuevas tecnologías a la Justicia, sólo 9 reglamentaron su uso. Argentina no es uno de ellos. Frente a los riesgos que esto supone, CIPPEC analiza la experiencia internacional y propone una hoja de ruta para Argentina.

-125 sistemas de IA ya operan en instituciones judiciales de todo el mundo. Pero sólo 9 países tienen guías específicas que regulan su uso. Argentina no es uno de ellos.

-300% de incremento en productividad y un 90% de precisión logró Prometea, el sistema de IA desarrollado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires: los casos tramitados por mes aumentaron de 130 a 490.

-81% de valoración positiva obtuvo el piloto de IA Generativa del Ministerio de Justicia.

-62 iniciativas legislativas sobre IA en Justicia se presentaron en el Congreso Nacional entre 2016 y septiembre de 2025. Ninguna se convirtió en ley.

Una transformación a nivel mundial

A finales de 2024, el Consejo de Europa había catalogado 125 sistemas de IA implementados en instituciones judiciales de todo el mundo, principalmente en Europa. Nueve países —entre ellos Brasil, Canadá, Colombia, el Reino Unido y los Estados Unidos— ya tienen guías específicas que regulan su uso en el Poder Judicial. El Índice elaborado por la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ), basado en datos de 44 países, muestra que el despliegue tecnológico en la Justicia alcanza su valor más alto en gestión de expedientes y su valor más bajo en apoyo a decisiones. El patrón indica que las instituciones judiciales empezaron por las tareas auxiliares y avanzan con cautela hacia usos más sensibles.

Ninguno de esos 125 sistemas reemplaza al juez en la decisión final, pero todos cambiaron el modo en cómo se trabaja antes de llegar a esa decisión.

Argentina: hay iniciativas, pero falta regulación

El caso más conocido es Prometea, implementado en 2017 por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y el IALAB de la UBA: se aplicó en 658 casos de derecho a la vivienda, conflictos laborales y derechos de personas con discapacidad. Resultado: 90% de precisión y un salto de productividad del 300%, pasando de 130 a 490 casos tramitados por mes. Es uno de los ejemplos más citados de América Latina. Desde mayo de 2024, el mismo organismo usa ChatGPT para analizar documentación y redactar borradores en casos de empleo público con reclamos salariales. El tiempo de redacción de una resolución pasó de una hora a diez minutos. 

El Poder Judicial de Córdoba implementó Jurisemia -búsqueda de jurisprudencia con IA- desde noviembre de 2024. Por su parte, el piloto de IA Generativa del Ministerio de Justicia obtuvo una valoración positiva del 81% entre 5.000 miembros del Poder Judicial.

En cuanto a la regulación, las provincias de Santa Fe, San Juan y Río Negro aprobaron protocolos de buenas prácticas para el uso de IA generativa en el Poder Judicial. El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó en 2025 una guía de uso responsable. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires firmó ese mismo año un acuerdo de cooperación con UNESCO. Está claro: el problema no es la ausencia de iniciativas, sino que operan sin un marco común.

Entre 2016 y septiembre de 2025 se presentaron en el Congreso Nacional 62 iniciativas legislativas sobre la regulación del uso IA en la Justicia, pero ninguna se convirtió en ley. El país tiene varias experiencias valiosas que todavía no llegaron a constituir un sistema.

El verdadero desafío no es tecnológico: es institucional

Desde CIPPEC trabajamos en dos investigaciones sobre inteligencia artificial y sistema judicial argentino. A partir del análisis de experiencias internacionales (Reino Unido, Brasil, Canadá, la Unión Europea, Francia, Finlandia, Estonia y Chile) y entrevistas con especialistas, el principal hallazgo fue claro: los sistemas judiciales más avanzados no son los que tienen la herramienta más sofisticada, sino aquellos que lograron mejores condiciones para gobernarla.

Reino Unido desarrolló lineamientos para el uso de IA en la Justicia: toda herramienta debe operar bajo supervisión humana efectiva. Brasil transformó un sistema que operaba con más de 50 plataformas sin integración en uno con 14 sistemas integrados a escala nacional; además, impulsó reglas para ordenar el uso de IA y prohibió aplicaciones incompatibles con derechos fundamentales.

En Argentina, la incorporación de IA se da en un sistema que ya presenta debilidades en trazabilidad de información, interoperabilidad y confianza pública. El World Justice Project –que analiza el Estado de Derecho a nivel global- ubica al país en el puesto 65 de 143 en su Índice 2025. Mientras que Transparency International le asignó 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024. En ese contexto, la tecnología no resuelve los problemas de base: los procesa, los amplifica y les agrega una capa adicional de complejidad técnica.

Además, es necesario tener en cuenta que la IA introduce riesgos: puede reproducir sesgos en los datos con los que fue entrenada, afectar la privacidad y generar respuestas falsas con apariencia convincente. Incluso una base aparentemente anónima puede permitir reconstruir la identidad de una persona si se cruzan suficientes datos.

Desde CIPPEC proponemos construir una agenda responsable que considere: preservar el control humano sobre las decisiones, establecer reglas claras de transparencia, proteger datos personales y sensibles, y avanzar de manera gradual, con supervisión continua.

El desafío no es solo incorporar IA en la Justicia, sino hacerlo con reglas claras, transparencia y protección de derechos.

Acá y acá podés acceder a los documentos que elaboramos.