Por Horacio M. Lynch
Lynch & Asociados Abogados

«Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre» frase de la Sultana Aixa a su hijo Boabdil después de perder Granada
 
La embestida

Lamentablemente no es novedad que todos los gobiernos buscan influir sobre la Justicia; es algo ínsito al poder. Y así ocurrió en la Argentina en las últimas seis o siete décadas. Parecía que con Menem llegábamos al paroxismo de las presiones; pero la administración actual, con todo descaro, la ha superado.

La justicia argentina está jaqueada por factores externos e internos, y las propuestas de la Presidente serían el golpe final al poder que, pese a todo, es la última reserva institucional de la República.

Anunciados los cambios para ‘democratizar la justicia’, en verdad, sólo buscan someterla. Bajo el ropaje de reclamos y aspiraciones plausibles – y admitiendo que la Justicia nunca hizo cambios - se encubre una embestida que el contexto y la oportunidad desnudan. Ninguna de los cambios beneficia al ciudadano; por el contrario son contraproducentes. En algún caso, como la propuesta de limitar las medidas cautelares, semeja las ideas de Cavallo y del gobierno durante el corralito y la crisis del 2001; en otros, como la del Consejo de la Magistratura, se contradice con leyes impulsadas por la propia Cristina Fernandez de Kirchner.

Impúdicamente sólo buscan ganar espacio y poder para el Ejecutivo sobre el Judicial, y, también, amedrentar a los magistrados. Por ello son antidemocráticas y antirrepublicanas.

Es muy grave que sean impulsadas por el PE exclusivamente por los reveses que sufrió en la Justicia. La excusa de la ‘democratización’ aparece a partir del rechazo de la posición del Gobierno en el caso CLARIN. No hay así duda alguna que los cambios son movidos por la venganza, para abatir a quien se le opone.

No provienen del Congreso, ni son resultados de estudios consensuados en el marco de una gran reforma judicial, planificada con serenidad, sin partidismos, con la circunspección debida por tratarse del tercer poder, el árbitro de los conflictos del país. No hay estudio alguno que apuntale la posición del Gobierno; por el contrario hay evidencias que los cambios perjudicarán a ciudadanos e instituciones.

Muchas de las críticas del gobierno hacia la Justicia comparten planteos nuestros de hace décadas. Pero este ‘fervor’ actual del PE recién apareció cuando vio frustradas sus aspiraciones. Por ello carece de autoridad para el reclamo. Nada habían sugerido hasta el fallo mencionado (aunque ya la Presidente había mostrado fastidio y decepción tiempo atrás cuando el PJ había puesto algunos límites a sus aspiraciones). La nueva Procuradora General, Dra. Alejandra Gils Carbo, pese a sus 30 años en la Justicia, se ha alineado desenfadamente con el Poder Ejecutivo. Pero recién reclamó reformas cuando la Presidente se enojó. Insistió mucho en que los magistrados y funcionarios pagaran impuestos pero su entusiasmo la abandonó cuando su propia tropa se le rebeló.

La injustificada urgencia desnuda los propósitos: no hay nada que avale el apuro y la sanción a libro cerrado

Nada justifica el apuro del Gobierno en el tratamiento de las propuestas y que el mismo deba ser ‘a libro cerrado’ es decir, sin aceptar cambios. En el mejor de los casos, ninguna de las propuestas produciría cambios inmediatos. Así es otra prueba de las intenciones de la embestida.

Naturaleza de las propuestas: las destinadas a copar puestos, las que buscan restar poder y las orientadas a amedentrar

Las propuestas confluyen en conquistar al Poder Judicial. Algunas apuntan a copar puestos, otras restar poder a los jueces, y, finalmente, otras buscan amedentrar.

Entre las primeras, está la Ley de reforma del Consejo de la Magistratura, que es quizás, la más grave e inconstitucional y que colisiona con principios que la propia Presidente sostenía cuando promovió en 2005 otra modificación. Y también la Ley de creación de las Cámaras de Casación, presuntamente destinada a agilizar las causas pero que en verdad intenta crear tribunales amigos por encima de las Cámaras y que, en algún caso, es de dudosa constitucionalidad.

Entre las que buscan restar poder, se destaca la Ley de regulación de medidas cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados, que reedita planteos del Gobierno en la crisis del 2001. También está la Ley de ingreso democrático al Poder Judicial y al ministerio público fiscal, que es uno de los cambios resistidos desde la Justicia aunque son necesarios, pero en este contexto solo aparece para afectar a los magistrados.

Finalmente, entre las destinadas a amedentrar, están la Ley de publicidad de los actos del Poder Judicial, un tema que nadie puede cuestionar. Pero en verdad existe actualmente, no es necesaria una ley, sino buscar que se cumpla con las disposiciones. Y también la Ley de publicidad y acceso a las declaraciones juradas que también es lógica pero no en este panorama: Por otro lado muchos jueces las han presentado voluntariamente. No va a cambiar demasiado y en este contexto solo aparece para agregar presión.

Como se adelantó, ningún cambio beneficia al litigante, salvo al Estado. Si se buscara realmente democratizar, pudo haberse impulsado una justicia de menor cuantía, y, también, medidas para agilizar los procedimientos y eliminar la tasa de justicia.

Los responsables

¿Vale la pena repasar cómo pudimos llegar a esta situación y quiénes son los responsables? Creo que sí, para saber que nuestros males no ocurren por casualidad y, también, para saber a quien se piden soluciones.

Naturalmente la principal responsabilidad le cabe al PE que propone las medidas, y en menor medida, a quienes las apoyan. Es gravísimo que exista un grupo ‘colaboracionista’ que, desde la misma justicia, acompañen en la entrega del PJ al PE. Es irónico, además, que se autodenomine ‘Justicia Legítima’ cuando se proponen quitarle independencia. Aun creyendo en los cambios, el sólo hecho de sumarse a una embestida del PE debería haberles llevado a abstenerse, para no quedar como el sector que apoyó la colonización del Poder Judicial. Es de esperar que sus integrantes reflexionen sobre lo que están haciendo (y en estos días parecería que esto está ocurriendo).

También son responsables quienes desde la Justicia no hicieron los cambios a tiempo. No es cierto lo que dice el Presidente del Alto Tribunal, el Dr. LORENZETTI, sobre que “nunca la Corte hizo tanto”. Y su responsabilidad es más grave que las anteriores integraciones de la Corte, porque ésta pudo hacer mucho y no hizo, y porque el deterioro de la Institución es cada vez más mayor, lo que imponía más dinamismo. Me consta que tuvo en sus manos muchas propuestas y que nada se hizo.

Y no quiero olvidarme de quienes propiciaron la idea absurda y peligrosísima de crear el Consejo de la Magistratura que sigue siendo el problema central (y no la solución), y, también, los que lo han empeorado. Estuve en contra esta institución desde su sanción en la reforma constitucional de 1994, por la incongruencia que significaba intentar más independencia para el Poder Judicial vía el absurdo de instalar en seno un organismo con elementos ajenos al PJ y con políticos. Nunca debió cambiarse el sistema original de la Constitución histórica de magistrados propuesto por el PE con aprobación del Senado. Así es en los EE.UU. y funciona muy bien. Antes que experimentar, debió cumplirse con la Constitución. El filtro del Senado es saludable, y funcionó recientemente cuando se opusieron a la designación del Dr. Reposo como Procurador General. En estos momentos, si es inconveniente propiciar un nueva reforma constitucional, hay que sustituir el sistema de concursos de oposición y antecedentes por un concurso que
sea el resultado de curso anual en una buena Escuela judicial.

Conclusiones: un país sin justicia

Propuestas de cambios sin sentido, negativas, perjudiciales para el ciudadano común e instituciones, movidas por el despecho y como venganza, sólo merecen el repudio.

·La justicia necesita cambios pero no éstos, que sólo agravarán su delicada situación;

·La justicia no sirve si es parcial, si prefiere unos intereses por sobre otros; el país no puede funcionar sin un árbitro imparcial de los conflictos, de los delitos, del control de la constitucionalidad;

·La justicia es un mecanismo de relojería que debe tratarse con extremo cuidado, puesto que, de atropellada, solo se logrará empeorar la situación.

Muchas de las críticas actuales del oficialismo son valederas y alguna de las medidas son plausibles, pero en este contexto deben ser resistidas pues sólo buscan someter al PJ. Reformas hechas con segundas intenciones carecen de legitimidad y comprometen severamente a los que los proponen. El modo y la intención como se plantean los cambios no es indiferente al resultado.