Henrique Pizzolato, ex director de marketing del Banco do Brasil, fue sentenciado a 12 años de prisión por participar en el caso denominado Mensalão, en el que algunos políticos del país habían comprado votos en el Congreso usando dinero público.

El ex funcionario se fugó de la nación después de haber sido declarado culpable, pero ahora, al parecer, fue encontrado en Italia y podría enfrentar una posible extradición.

Con este antecedente, entró en vigencia una nueva ley que por primera vez responsabiliza a las empresas de los actos de corrupción y fija grandes sanciones monetarias.

Esta legislación no se aplica solamente a compañías, fideicomisos y fundaciones sino también a grupos extranjeros que tengan oficinas en el país. La normativa se encuentra en línea con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos y la Ley de Coimas en el Reino Unido.

Entre las multas a las compañías declaradas como culpables se encuentran las sanciones económicas de entre 0,2 a 20 por ciento de sus ingresos brutos, más daños y perjuicios. Asimismo, las operaciones de las corporaciones pueden ser suspendidas y sus activos confiscados.

La oferta de ventajas excesivas a un empleado público o partido político vinculado a los funcionarios del gobierno son los actos perjudiciales consideramos centrales por la la nueva ley.