Ezequiel Cassagne, Socio de Cassagne Abogados y actual Director y Secretario del Colegio de Abogados de la Ciudad, en diálogo con Abogados.com.ar, se refirió a la reforma que se viene en el Poder Judicial.

Lorenzetti abrió el año judicial invitando a una profunda reforma del funcionamiento del Poder Judicial, ¿Cómo ve el Colegio de Abogados de la Ciudad esta iniciativa?

Es muy importante que se produzca una reforma completa del funcionamiento de la administración de justicia. Hay un consenso entre todos los sectores de la sociedad de que la justicia argentina está inmersa en una profunda crisis. En ese sentido, las palabras del Presidente de la Corte han sido muy positivas, dado que es importante que la Corte Suprema, como cabeza del Poder Judicial, participe en el debate y sea un actor de relevancia en los procesos de cambios tendientes a la transformación de la justicia en la República Argentina. 

Distintos socios del Colegio de Abogados de la Ciudad han participado de los debates convocados por la Corte, que se produjeron luego, e incluso hemos hecho una presentación formal con todas nuestras propuestas por escrito, a los efectos de que puedan ser analizadas con profundidad. Entre las varias comisiones que tenemos en el Colegio, existe una Comisión específica sobre Justicia y la Organización Judicial, que se encarga de analizar con detenimiento estos temas, y a partir de su trabajo el Colegio presenta continuamente propuestas concretas en diversos aspectos vinculados al funcionamiento del Poder Judicial, como ser la transformación digital del sistema judicial, que ha sido bien recibida por la Corte Suprema y por el Consejo de la Magistratura. De hecho este último tema lo venimos conversando con la Corte desde el año pasado, y lo planteamos por escrito, y consiste en un mejoramiento del hardware, de la conectividad y lo que resulta más importante, un cambio cultural que migre del concepto del expediente físico al de documento digital.

¿Cuáles son los cambios que propone el Colegio de la Ciudad en cuanto al Consejo de la Magistratura?

Entre las numerosas acciones que hemos realizado estos últimos años, el Colegio de la Ciudad ha logrado en sede judicial que se declare la inconstitucionalidad de Ley N° 26.080 que reformó el Consejo de la Magistratura, y alteró el equilibrio exigido por el art. 114 de la Constitución Nacional para los distintos estamentos a los que exige ese equilibrio, que son tres: el sector político, el judicial y los abogados. La decisión judicial aún no está firme. De todas formas, creemos necesario que el Congreso sancione una ley superadora a esa, y también superadora de la anterior, que entraría en vigencia si queda firme nuestra sentencia. Celebramos que el Poder Ejecutivo haya finalmente enviado un proyecto de ley de reforma del Consejo. Si bien nosotros tenemos nuestro propio proyecto, que difiere en algunos aspectos del enviado por el Poder Ejecutivo, en líneas generales estamos de acuerdo con el proyecto enviado al Congreso, en la medida que consideramos que es mucho mejor que las anteriores leyes, y es el que más respeta el mandato constitucional. 

También consideramos que ese equilibrio debe ser reflejado no solo en la conformación del Consejo, sino también en la integración de sus referidas comisiones, que deberían ser las siguientes: 1) Acusación, 2) Disciplina, 3) de Administración y Financiera, 4) de Selección de Magistrados; 5) de Escuela Judicial y, 6) de Reglamentación.

Por su parte, entre las propuestas presentadas hemos expuesto la necesidad de que la duración total del procedimiento no exceda de noventa días hábiles contados a partir de la prueba de oposición, y que dicho plazo sólo pueda prorrogarse por treinta días hábiles más, mediante resolución fundada del plenario, en el caso de que existieren impugnaciones. Y en el supuesto que al vencimiento de dicho plazo ya se haya realizado la entrevista personal en el Plenario y éste no se hubiese pronunciado, debería quedar consagrada la terna que surge del Concurso.

Nos parece a su vez importante que frente al rechazo por el Senado del pliego del candidato propuesto por el Poder Ejecutivo obligará a éste a proponer sucesivamente a los restantes integrantes de la terna. En el supuesto que los tres pliegos sean rechazados, importará la convocatoria automática a un nuevo concurso para cubrir la vacante de que se trate.

Todas estas ideas buscan reducir la arbitrariedad que sufren en muchos casos los aspirantes a jueces. Creemos en el valor del mérito, y el sistema actual lo deja a un lado.

¿Qué características tendría la Escuela Judicial que proponen?

Consideramos que la Escuela Judicial es fundamental para la selección de jueces probos e idóneos, pero debe ser repensada. Así lo venimos sosteniendo desde el año 2008. Para ello se debe potenciar su rol institucional para organizar y ejecutar un curso básico dirigido a los aspirantes a jueces de primera instancia, con una carga horaria mínima de 700 horas, vinculado específicamente con el fortalecimiento y consolidación de las aptitudes personales y profesionales propias del ejercicio de la magistratura judicial y la administración de justicia.

A su vez, nuestra propuesta es que esa Escuela Judicial organice cursos de perfeccionamiento para jueces en actividad de todas las instancias, para ser tenidos en cuenta a los efectos de evaluar los antecedentes para los concursos de Jueces de Segunda Instancia. También deberá organizar cursos para empleados y funcionarios de la Justicia en general.

Nos parece importante que anualmente se confeccione una lista de mérito con los egresados del curso indicado, y que los cursantes que obtengan un cierto puntaje integren una lista destinada a cubrir subrogancias en los distintos fueros. A esos efectos, en consonancia con las disposiciones de la ley que determine el procedimiento para la designación de subrogantes que, en definitiva, pueda sancionar el Congreso de la Nación,  dicha lista tendría que ser elevada al Poder Ejecutivo quien deberá, a su vez,  elevarlas al Senado a efectos del otorgamiento de un acuerdo especial para también poder cubrir provisoriamente vacancias hasta la designación de titulares.

Nuestra idea de la Escuela Judicial fue valorada en la Provincia de Buenos Aires, y de hecho el actual Ministro de justicia Gustavo Ferrari acaba de anunciar que van a implementar esta iniciativa en la Provincia de Buenos Aires, obviamente con sus propios criterios y estructura, que compartimos. El trabajo que están haciendo en la Provincia de Buenos Aires para mejorar el funcionamiento de la justicia es un faro a seguir.

¿En qué consiste la idea de un Organismo Federal de Investigaciones?

La propuesta es la de crear un organismo federal de investigaciones independiente, con el objeto de lograr estabilidad en las investigaciones y que los fiscales se puedan servir de este organismo a fin de investigar los hechos denunciados. Este organismo debiera tener acceso directo a la información del Estado y generar la obligación de los poderes públicos de responder bajo apercibimiento de desobediencia.

¿Cuál sería el efecto deseado al duplicar la cantidad de juzgados federales porteños?

El efecto inmediato de crear doce juzgados federales más en lo penal es descomprimir la saturación actual de los doce juzgados existentes. Además, permitiría una distribución más razonable de los expedientes. El efecto mediato es generar un mejor servicio de justicia. Los expedientes judiciales que duran años no solo benefician a los imputados o procesados, en muchos casos los perjudican pues no se define su situación. Como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la justicia tardía no es justicia. La auditoría que el Consejo de la Magistratura está haciendo a los juzgados federales, a partir de una iniciativa inédita del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, ya ha revelado que dichos juzgados tienen enormes demoras en la tramitación de los expedientes. Esperaremos el informe final, que prontamente se dará a conocer, pero no creemos que vaya a cambiar el diagnóstico y la solución. El aumento de los dichos juzgados se impone como necesidad, y es una demanda de la sociedad. 

¿Cuál es la postura del Colegio sobre la ampliación del horario de atención al público de los juzgados?

Es incomprensible e irrazonable que los juzgados atiendan al público de 7.30hs a 13.30hs. Abren muy temprano, y cierran al mediodía. Nosotros proponemos que se modifique ese horario, y se lo extienda, de 9hs a 16hs. A tal fin, se podrían recomponer los horarios de los empleados, pudiendo dividir el ingreso de personal en 2 franjas horarias, en donde haya un mínimo de 7 horas diarias.  Es importante que el personal del juzgado cumpla su horario. Para ello, el ingreso y egreso debería poder verificarse en horario y de forma fidedigna de manera que no resulte meramente nominal.

¿Proponen cambios sobre la feria judicial? 

Es un tema muy debatido incluso entre los abogados. Para nosotros, un mes y medio de vacaciones por año nos parece demasiado, y atenta contra el buen funcionamiento de la administración de justicia. En nuestra opinión, consideramos que la feria de verano debería establecerse desde el 23 de diciembre hasta el 15 de enero. En el caso de la feria de invierno, nuestra propuesta es que debería extenderse por una semana a partir del 10 de julio o día hábil inmediato posterior.

Por su parte, nuestra posición es que en ningún caso pueda determinarse la habilitación de feria extraordinaria para un juzgado o sala. En efecto, somos de la idea de que las tareas de refacción, cambio de sistema informático u otra de naturaleza logística debieran ser realizadas durante el transcurso de la feria ordinaria o contemplando soluciones funcionales que no conlleven la interrupción de días y horas laborales.

¿Qué propuesta existe en cuanto a la selección de personal judicial? 

En el marco de la carrera judicial, la Justicia debería establecer un mecanismo en el que se sostenga la diversidad e inclusión, a través del cual el ingreso de personal -no funcionarios- , sea universal y esté basado exclusivamente en la aptitud y capacidad individual de los candidatos.  En este sentido, la Justicia debería establecer mecanismos de educación y entrenamiento previo para los aspirantes. Además, es la propuesta que hemos presentado a la Corte indicamos que luego a los aspirantes habría que tomarles un examen evaluador común que de modo objetivo (eliminando todo tipo de subjetividad) establezca la aptitud y capacidad para el ingreso como personal de la Justicia.