El proyecto de ley presentado por el diputado Héctor Recalde para que las empresas deban distribuir un porcentaje de sus ganancias entre los trabajadores, recibió el apoyo de los bloques de centroizquierda en la Cámara de Diputados.

Desde el interbloque de Proyecto Sur, manifestaron su disposición a discutir y acompañar la iniciativa presentada por el abogado de la CGT, habiendo presentado los diputados que conforman ese espacio político un proyecto de ley similar al de Recalde, con el fin de que las empresas repartan entre sus trabajadores al menos el diez por ciento de las ganancias anuales.

A pesar de que afirmaron que acompañarán la iniciativa, advirtieron sobre la necesidad de incluir en la iniciativa algunas modificaciones, entre las que figuran la de las comisiones internas que no tengan personería gremial, señalando que la representación para la discusión les corresponde a las comisiones internas estén o no inscriptas en el sindicato del sector.

Otra de las diferencias entre el proyecto de Recalde y el de la centroizquierda radica en relación a la metodología que deberá ser implementada para extender el beneficio a los trabajadores no registrados.

El proyecto de Recalde pretende que el 20% de las ganancias vaya a un fondo solidario con el que se financie la asistencia y el blanqueo a los trabajadores no registrado y desocupados, mientras que el proyecto que llevaba las firmas de Eduardo Macaluse, Claudio Lozano, Graciela Iturraspe y Verónica Benas, establece que una porción de esos fondos vaya al Estado mediante el impuesto a las ganancias, con el fin de que sea destinado a la infraestructura social.

Por otro lado, desde el Socialismo dijeron que se encuentran dispuestos a participar en el debate, a la vez que el GEN también apoyó la iniciativa. Algunos diputados de la Coalción Cívica – ARI, también manifestaron su disposición al debate sobre este tema.

Es importante resaltar, que el texto del proyecto de Recalde será debatido en el día de hoy por el Consejo Directivo de la CGT, tras haber obtenido el aval del Gobierno.