Muchos de los problemas de las últimas décadas se originaron por ambiciones desmedidas de proyectos hegemónicos o intentos de movimientos históricos (recordemos las presidencias del General Perón, a Menem con su proyecto de reelección indefinida o al matrimonio Kirchner en su intento por cooptar o controlar los tres poderes del Estado).

Sin que ello sea la causa exclusiva o determinante, la ciudadanía tiene hoy una imagen muy negativa del Poder Judicial. Los últimos sondeos realizados por importantes consultoras ubican a La Justicia en el peor lugar entre las instituciones y organizaciones en general, detrás de los partidos políticos, del Poder Legislativos y de los gobiernos en general. Las encuestas realizadas mostraron que su imagen negativa alcanza al 78% de los encuestados, señalando que los principales problemas eran la intromisión del poder político y la corrupción existente. Entre los aspectos a mejorar, se indicó que la honestidad de los miembros del Poder Judicial y su idoneidad para interpretar y aplicar el Derecho en tiempos razonables eran fundamentales para la recuperación de su imagen.

Las elecciones legislativas de octubre significaron un voto de confianza al Gobierno de Mauricio Macri, generando una gran oportunidad para profundizar cambios importantes que nos permitan mejorar la previsibilidad económica, la transparencia pública, la calidad institucional y la seguridad jurídica.

Es importante discutir y repensar el funcionamiento judicial para poder superar estos problemas y otros como la demora  en la implementación de recursos tecnológicos, que además facilitarán una mayor transparencia o el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables o postergados.

El Gobierno lanzó el programa Justicia 2020 donde se discute una reforma judicial integral a través de la participación de más de 20.000 voluntarios (la mayoría de ellos abogados) que debaten desde hace más de un año las modificaciones más necesarias. Algunas como el juicio en flagrancia o los tribunales unipersonales, la notificación electrónica o los procesos civiles orales pueden acelerar los tiempos judiciales. Hacer una reforma importante en los códigos de procedimiento que permitan asimilar todos los cambios electrónicos existentes para lograr la implementación del expediente electrónico, reducirá significativamente la cantidad de años que dura cualquier proceso judicial escrito.

Lamentablemente todos los esfuerzos del Gobierno no se pusieron en esas iniciativas y se trató, por ejemplo, de implementar el traspaso de la justicia nacional ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires, generando conflictos y diferencias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, como si el cambio de denominación fuera una solución.

Es imperioso efectuar reformas estructurales como la modificación a la Ley del Consejo de la Magistratura cuya finalidad es la designación y remoción de los jueces a fin de despolitizarlo, tornándolo un órgano más técnico, autónomo y ágil que permita cubrir las casi 300 vacantes hoy existentes en el Poder Judicial de la Nación. Dicho Organismo debe dar prioridad para que se cumpla la exigencia constitucional de idoneidad como parámetro relevante a la hora de elaborar las ternas que remite al Poder Ejecutivo, para la elección del candidato y el posterior acuerdo del Senado.

El Ministerio de Justicia hizo circular a principios del 2016 un proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura consultando a las distintas instituciones de abogados, jueces y académicos, para que efectúen sus aportes y críticas a la iniciativa oficial que posteriormente se enviaría al Congreso y que formaba parte de un conjunto de propuestas legislativas que tenían como objetivos fundamentales afianzar la independencia judicial y lograr una más eficaz prestación del servicio de justicia. En sus fundamentos, señalaba que una de las falencias institucionales más graves de los últimos años fue la falta de selección de magistrados de los Tribunales inferiores, función más relevante que justificó su creación en la reforma constitucional de 1994.

El propósito principal del proyecto era lograr una estructura que le diera operatividad y le permitiera cumplir al Consejo el rol original para el cual había sido creado. Entre sus cambios más significativos se podía resaltar el reemplazo de los legisladores por representantes de éstos. Los futuros consejeros que deberán ser elegidos entre juristas de reconocido prestigio y con especial conocimiento en el funcionamiento judicial, permitirá que la actividad de este Organismo no gire en torno a las presiones políticas partidarias en la designación o remoción de magistrados ni tampoco en la agenda legislativa del Congreso. Sin embargo en estos días ha comenzado a circular otro proyecto donde se mantiene a los legisladores, y no a sus representantes, como integrantes del Consejo, lo que hará perder la posibilidad de remediar la injerencia de la política en la designación de los jueces.

La renuncia de la Procuradora General de la Nación es una excelente oportunidad para el replanteo de una ley sobre el Ministerio Público que regule la designación, la remoción y el funcionamiento de dicho Organismo, sin que tenga nombre o apellido el proyecto.

Dentro del negativo contexto descripto precedentemente, ha sido destacable la actividad desplegada por asociaciones de profesionales como el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, hoy presidido por el Dr. Guillermo Lipera, y la agrupación Será Justicia, cuyo representante es el Dr. Máximo Fonrouge, quienes impulsaron acciones judiciales tendientes a evitar la designación o el traspaso irregular de fiscales o jueces subrogantes, así como el pedido de una auditoría al Consejo de la Magistratura para evaluar la demora y retraso de causas de corrupción en trámite ante la Justicia Federal Penal que fue apoyada por otras entidades de la sociedad civil y que ya ha dado sus primeros resultados. Es de esperar que el Consejo de la Magistratura convierta ese procedimiento en un mecanismo de control permanente para poder evaluar la gestión de los magistrados, extendiéndola a otras jurisdicciones y fueros.

Como ya he sostenido en otras oportunidades, criticar la actuación de la justicia es fácil, lo difícil es involucrarse y trabajar para su mejoramiento, lo que debe ser un compromiso de toda la sociedad y en especial de quienes trabajamos en el ámbito del Derecho.