La importancia de políticas a largo plazo en el sector energético
Por José A. Martínez de Hoz
Martinez de Hoz & Rueda

Hay pocos países que, como Argentina, fluctúan recurrentemente entre políticas macroeconómicas antagónicas, ninguna de las cuales ha tenido éxito en alcanzar un crecimiento sostenible a largo plazo. En el mejor de los casos, las diversas políticas han obtenido sólo éxitos parciales y de corto plazo, y muy frecuentemente los sucesivos gobiernos se dedican principalmente a destruir lo realizado por la administración anterior. La historia argentina de los últimos 70 años es un continuo “volver a empezar” con políticas o gobiernos que en ocasiones alcanzan éxitos o auges económicos de corto plazo a costa de incubar una grave crisis económica posterior.  En el ínterin, la pobreza y los problemas sociales se exacerban continuamente. Esta es la razón por la que Argentina necesita prioritariamente políticas y marcos regulatorios estables en el largo plazo.

 

En lo que se refiere a las políticas energéticas pasadas, no se ha sabido encontrar el equilibrio entre las necesidades públicas y las de los inversores privados, lo que frecuentemente ha resultado en un juego de opciones binarias de suma cero, es decir, de alternativas mutuamente excluyentes. Este resultado quedó evidenciado en el escenario de escasez de gas natural y la destrucción de su mercado de exportación, causado por la intervención de precios en el mercado mayorista de gas natural durante el período 2002-2015.  También ocurrió cuando como consecuencia de la resistencia política y social, se revirtieron las políticas de la administración del periodo 2015-2019 que procuró recuperar los atrasos tarifarios acumulados en la gestión que los precedió, y que se materializaron en el traslado a tarifas domiciliarias de precios del gas natural denominados en dólares y el incremento de las tarifas eléctricas.

 

Son muchos los desafíos para la Argentina, pero el que le resulta más difícil es lograr es la solvencia fiscal y la competitividad a nivel global. Sin solvencia fiscal será extremadamente difícil que la Argentina pueda recuperar la confianza de cualquier clase de inversores, pues un país quebrado tiene un fuerte incentivo en recurrir a conductas oportunistas y alterar las reglas de juego a fin de disponer de masivas y crecientes transferencias de ingresos a su favor y/o a cargo de quienes confían en políticas o incentivos anteriores.  Ello genera, en otras cosas, el efecto perverso, que las nuevas inversiones exigen altas tasas de retorno para asegurar su recupero en el corto plazo, lo cual nuevamente conspira contra la competitividad del país.  Por ello, con el fin de atraer inversiones, Argentina ha debido recurrir a programas de gobierno que incluyen alguna promesa del Estado con respecto a precios, estabilidad de tipo de cambio, obligaciones de tomar o pagar u otro compromiso o garantía, que en la mayoría de los casos finalmente fueron incumplidos.  Tan solo una pequeña parte de esos ingresos fueron inversiones de riesgo dedicadas a producir bienes y servicios localmente para la exportación a precios de mercado global. Esto es otra prueba de la grave debilidad de Argentina en relación con su competitividad en el largo plazo.

 

Pero como cualquier crisis, éstas también presentan oportunidades, y el potencial de exportación de Argentina en materia de petróleo y gas, junto con las exportaciones de los sectores minero y tecnológico, tienen en la actualidad una mayor probabilidad de recibir inversiones sustanciales de riesgo para producir bienes y servicios que puedan competir en los mercados mundiales.

 

Empezando por el sector de las energías renovables, y enfrentando a los críticos de la nueva administración energética al programa RenovAr de administración, es esencial que la futura regulación respete los compromisos asumidos en los términos de los PPAs existentes. La violación a dichos compromisos tendrá una repercusión negativa que excederá ampliamente las inversiones en dicho sector.

 

Otras inversiones en el sector eléctrico, como la generación térmica y la transmisión de electricidad, también deben apostar a la estabilidad regulatoria mediante políticas que sigan enmarcando futuras inversiones dentro de la Ley de Participación Público-Privada No 27.328  y su reglamentación.  Esta ley fue promulgada por la administración anterior, pero votada favorablemente por destacados representantes de la entonces oposición política que ahora forman parte de la actual administración. Este régimen replica otros regímenes exitosos en América Latina destinados a reemplazar la financiación del Estado con financiamiento privado a riesgo, e incluye los mecanismos requeridos por instituciones financieras para participar en tales proyectos con estructuras de financiamiento sin recurso.

 

El enorme potencial argentino para recibir inversiones extranjeras en el sector energético está hoy asociado con el desarrollo a largo plazo de sus recursos de petróleo y gas. Pero estas inversiones no se materializarán si en el ínterin la Argentina no mejora su situación de insolvencia fiscal, y si no proporciona garantías de que las inversiones serán inmunes a nuestra historia. Es por eso quela actual administración está trabajando en un proyecto de ley de estabilidad regulatoria.

 

Los proyectos de ley que circulan actualmente abordan al menos tres riesgos políticos principales: (i) divisas; (ii) impuestos; y (iii) la estabilidad de los permisos de exportación.

 

El contexto macroeconómico actual de la Argentina sugiere que es poco probable que se abandonen los controles cambiarios a corto plazo. Por esto, actualmente la estrategia correcta es un abordaje focal para eliminar o mitigar los controles cambiarios, en relación a proyectos que generan ingresos de exportación, la creación de empleo y la reingeniería de la industria local, proporcionando así al resto de la economía los flujos que se requieren para reactivarla.

 

La estabilidad fiscal debería proporcionar a los inversores un escenario de previsibilidad  fiscal a largo plazo para sus inversiones, cubriendo todas las jurisdicciones fiscales federales y provinciales, pero también los beneficios fiscales, incluyendo la eliminación de los impuestos a la exportación.

 

La estabilidad de los permisos de exportación requiere el otorgamiento de permisos a largo plazo e irrevocables para petróleo y gas natural o GNL. También se necesita un cambio de paradigma que se refiere al análisis que se aplicará al aprobar las exportaciones de petróleo y gas natural. Es necesario dejar de lado el pensamiento binario del autoabastecimiento como condición para la exportación. Hoy los recursos sobran, están en el subsuelo esperando dar sus frutos para varias generaciones futuras. El desafío, en cambio, es conseguir el capital para la inversión, recordando que las oportunidades de inversión en la Argentina compiten contra las de otros países.  A diferencia de lo que sucede con otros sectores como el agropecuario, el sector energético no es cautivo, en el sentido que las empresas globales que operan en el país tienen posibilidad de asignar sus inversiones a otros países.  Este desafío adquiere todavía más fuerza a la luz de la abrupta caída de los precios del petróleo en este mes de marzo de 2020 como consecuencia de las expectativas recesivas en el mundo empujadas por la epidemia de coronavirus y la falta de acuerdo de la OPEP y Rusia en recortar sus producciones de petróleo. Por eso, es que a partir de la revolución de las técnicas no convencionales, no es la suficiencia de reservas probadas lo que determina la no afectación de la demanda interna, sino la existencia de un escenario adecuado de inversiones que potencie el desarrollo de nuestra oferta doméstica de hidrocarburos. 

 

Por otra parte, la explotación de hidrocarburos no convencionales presenta curvas de declinación muy abruptas comparadas con los hidrocarburos convencionales, con lo cual si el deterioro de las condiciones de inversión y/o la incertidumbre relativa a los programas del nuevo gobierno se prolongan, el ritmo de perforación de nuevos pozos sigue disminuyendo, ello conducirá previsiblemente a una caída muy significativa en la producción de gas y petróleo en el muy corto plazo y el retorno a la necesidad de importar volúmenes crecientes de gas natural y GNL.

 

Por último, pero no menos importante, es la cuestión de los precios del mercado interno. Se trata de un ámbito en el que resulta esencial aplicar soluciones a largo plazo resultantes de políticas equilibradas entre las necesidades de interés público y las necesidades de los inversores.

 

En materia de precios internos para el petróleo crudo, como principio general, debería retomarse la desregulación y la paridad con los precios internacionales. Ello, sin perjuicio de atender con medidas de contención que no agreguen restricciones adicionales a la operación de las empresas del sector, la situación excepcional creada por la abrupta baja del precio internacional de petróleo crudo, que, sumado a las incertidumbres propias de la economía y política argentina, tiene un enorme potencial de daño sobre la actividad y los ingresos de regalías de las provincias productoras

 

El gas natural presenta un escenario más desafiante. Las necesidades públicas para el consumo residencial requieren que el componente de gas natural de las tarifas de servicios públicos se denomine y se ajuste en moneda local. Por otro lado, la viabilidad de la inversión para los proyectos nacionales de desarrollo del gas natural requiere precios mayoristas denominados en dólares.

 

Bajo este paradigma y en tanto la política no permita trasladar a los consumidores el precio real de los productos energéticos como sería deseable y ocurre en las economías desarrolladas, el gobierno, que administra la economía y es responsable de las devaluaciones monetarias, debe en el ínterin asumir el riesgo monetario entre los precios en dólares pagaderos a los productores locales y los precios en pesos ajustados que los servicios públicos pueden trasladar a sus usuarios cautivos.

 

Si bien existen muchas otras cuestiones a prever en las futuras políticas energéticas, nos hemos centrado en aquellas cuestiones esenciales que el gobierno debe resolver en el corto plazo, sin las cuales, este nuevo capítulo de políticas energética, dará lugar a otro ciclo de fracaso en nuestra recurrente historia pendular. 

 

 

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