Este martes y el miércoles serán los días claves para que la justicia perteneciente al país de Oceanía resuelva si deja en libertad a Kim Schmitz, quien permanece en prisión hace cuatro días. David McNaughton, juez encargado del caso, en el que Estados Unidos de América reclama la extradición por piratería informática, informó que la decisión será tomada esta semana. Schmitz, también conocido como Kim Dotcom, fue detenido el pasado viernes en su residencia en las afueras de Auckland. El informático alemán de 38 años continuará en prisión preventiva hasta que se defina el pedido de libertad provisional bajo fianza. "El señor Dotcom niega con énfasis haber tenido una conducta errónea o delictiva y también rechaza que haya existido una mega conspiración", afirmó el letrado defensor, Paul Davidson. Los alemanes Finn Batato, jefe técnico del portal, y Mathias Ortman, cofundador de Megaupload, y el holandés Bram van del Kolk, de 29 años también fueron detenidos. Por su parte, los representantes legales de los mencionados también solicitaron la libertad bajo fianza. La fiscal Anne Toojey sostuvo que era de alto riesgo concederle la libertad pedida a Dotcom ya que, a su entender, dispone de medios para huir del país (helicóptero en la puerta de su casa y varios pasaportes legales con diferentes identidades). En el caso de que se conceda la extradición de los detenidos, estos afrontarán en Estados Unidos cargos por crimen organizado, blanqueo de dinero y violación de la ley de derechos de propiedad intelectual. Para las autoridades del país americano, Megaupload es "una organización delictiva responsable de una gran red de piratería informática mundial" y por este motivo cerraron el portal de descargas. Además, la hubo un llamamiento de la oposición al gobierno neozelandés para que investigue y de explicaciones del motivo por el cual concedió la carta de residencia a Dotcom tras invertir ocho millones de dólares en bonos del Tesoro. Cabe destacar que por los delitos realizados, si los detenidos fueran declarados culpables, pueden ser condenados a una pena máxima de 50 años de cárcel.