Por Javier Canosa

Recientemente tomó estado público que la Unidad de Información Financiera (UIF) habría filtrado información confidencial provista por su par en los EE.UU. a un diario cercano al gobierno nacional. La información habría sido proporcionada a la UIF en el marco de acuerdos de intercambio de información financiera celebrados bajo el paraguas de un grupo o confederación de Unidades de Información Financiera de varios países llamado Egmont Group. Este grupo requiere que los datos suministrados bajo su órbita no sean divulgados con fines políticos.

A raíz de dicha filtración, a mediados del año 2009 el canal de intercambio de información entre la Argentina y los EE.UU. se interrumpió, y hasta donde sabemos, aún no se ha restablecido.

La noticia sobre la suspensión del intercambio de información, junto con un proyecto del Poder Ejecutivo por el cual la UIF pasaría de analizar casos de financiamiento de terrorismo o narcotráfico a analizar simples casos de evasión fiscal agrega temor a la incertidumbre existente entre los inversores extranjeros respecto del uso de la información suministrada al estado, y los límites al ejercicio del poder del estado.

Antecedentes

La UIF nació en el marco de la negociación con el FMI durante el gobierno de Fernando De la Rúa. Entonces (año 2000) se sancionó la ley Nº 25.246 (Ley de Lavado de Dinero) que, receptando las disposiciones internacionales en la materia creadas bajo los auspicios del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), introdujo la figura del lavado de dinero y crea la UIF.

El mandato era crear un organismo técnico e independiente encargado de analizar casos de lavado de dinero provenientes del terrorismo y el narcotráfico. Por ese mandato, la UIF es una entidad autárquica funcionalmente cuyo directorio, sin embargo, es designado directa o indirectamente por el Poder Ejecutivo.

La UIF no tiene por objeto perseguir la evasión impositiva, su mandato legal la impone del análisis y denuncia de casos de lavado de activos provenientes tráfico de estupefacientes, terrorismo, pornografía infantil, contrabando de armas, actividades de asociaciones ilícitas y corrupción.

Debido a cuestiones presupuestarias y edilicias, la UIF recién comenzó sus tareas en el año 2003 y en el año 2007, el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley de Lavado de Dinero.

En el marco de su competencia, desde el año 2001, la UIF ha dictado gran cantidad de resoluciones relativas a los sujetos obligados a brindar información en el marco de lesa Ley estableciendo un intrincado sistema de recabado de información sobre los distintos clientes e imponiendo varias obligaciones sobre los receptores de información financiera.

A pesar de la inmensa actividad normativa de la UIF, un informe del GAFI de octubre de 2010 determinó que la Argentina no ha hecho progreso alguno desde la evaluación anterior de Junio 2004. De 49 recomendaciones elaboradas por el GAFI, la UIF no cumplió ninguna.

El informe del GAFI sostiene que a pesar del alambicado cúmulo de normas en vigor en argentina, éstas carecen de efectividad ya que no existe coordinación, numerosas agencias se superponen y en muchos casos los requisitos solicitados son inconsistentes.

Después de tan lapidario informe del GAFI, la UIF deberá mostrar “resultados”, y “el hilo siempre se corta por lo más delgado”. La Argentina no podrá continuar recibiendo informes del GAFI como éste último; las consecuencias de ser nuevamente castigados por el GAFI son impredecibles. Uruguay, por ejemplo, históricamente una jurisdicción amigable hacia los flujos de fondos internacionales, debió cambiar drásticamente su regulación societaria y bancaria para no entrar en la lista negra del GAFI.

En el futuro se vislumbran dos escenarios. Puede ocurrir que a fin de darle al GAFI elementos para el análisis y en muestra de cumplimiento la UIF decida “ir a cazar al zoológico” y denunciar algún que otro “perejil” por incumplimientos formales o inconsistencias fiscales.

Alternativamente, si prosperara algún proyecto para otorgarle más independencia, es probable que la UIF se reestructure completamente, integrándose por profesionales independientes del Poder Ejecutivo, y que reduzca su carga administrativa y burocrática para dedicarse seriamente al análisis y prevención del lavado de dinero.

Fuente: El Cronista