Pensando en el 2023, Abogados.com.ar conversó con Santiago Carregal, Chairman de Marval O’Farrell Mairal para conocer sus opiniones sobre los principales aspectos en materia económica y regulatoria; la coyuntura general y su impacto en el mercado legal para el próximo año.

El año 2023 tendrá desafíos políticos en el país, ya que será un año electoral, ¿qué se debe esperar para el clima de negocios en ese marco, en general y para los estudios de abogados?

El clima de incertidumbre respecto del resultado electoral hará que al menos durante el primer semestre del año se posterguen muchas definiciones sobre inversiones, lo que probablemente redunde en un menor caudal de trabajo transaccional. A medida que se vayan disipando las dudas y se aclare el panorama electoral, es probable que muchos inversores, sobre todo locales, se vayan posicionando en activos o tomen decisiones respecto de ellos, lo que implicará mayor trabajo contractual, financiero y en M&A.  En materia de litigios e impuestos, no vemos que vaya a haber cambios respecto de lo que estamos viviendo este año.    

Todos los años el Gobierno crea nuevos impuestos y provoca que los particulares y empresas afectados recurran a los Tribunales, ¿qué anticipan para 2023?

La Ley de presupuesto 27.701 prevé el incremento de la alícuota del Impuesto Interno sobre ciertos productos electrónicos, como los teléfonos celulares y monitores, lo que redundará en el aumento de precios de productos que los contribuyentes incorporan en el ejercicio de actividades comerciales, profesionales y de otra índole.

Por otro lado, estimamos que durante el año 2023 el Poder Ejecutivo Nacional mantendrá su pretensión de aplicar retenciones a las exportaciones mediante el dictado de decretos e invocando que el Código Aduanero le confiere facultades suficientes para hacerlo, sin que sea necesario el dictado de una ley específica por parte del Congreso Nacional

Más allá de estos puntos, no es sencillo predecir qué nuevos impuestos o de qué modo se incrementará la carga tributaria sobre los contribuyentes, porque históricamente se adoptan algunas de estas medidas a lo largo del año. A modo de ejemplo, durante el año 2022, una de las medidas qué más controversia generó fue la creación por parte de AFIP de un pago extraordinario a cuenta del Impuesto a las Ganancias que, en muchos casos, se impuso a compañías que arrastraban quebrantos y que proyectaban que no tendrían que pagar el impuesto al finalizar el ejercicio 2022. En esos casos, estando obligadas a efectuar un pago que de antemano se sabía que terminaría careciendo de causa, muchas de estas empresas han pedido medidas cautelares ante la Justicia, con resultados dispares.

Otro tema que probablemente estará en escena durante el 2023, como lo ha venido estando en los últimos años a causa del contexto de alta inflación, es la posibilidad de aplicar el ajuste por inflación en la liquidación del impuesto a las ganancias. En particular, para este año prevemos que tendrá un impacto muy significativo el ajuste de quebrantos de años anteriores. Esta situación es probable teniendo en cuenta que muchas empresas han generado quebrantos en los últimos ejercicios (en muchos casos, a causa de la desaceleración de la economía durante la pandemia) y que nos encontramos en un contexto de alta inflación que lleva a que la deducción de quebrantos a valores históricos pueda conllevar una afectación inconstitucional de la renta o patrimonio. Dicha clase de planteos se vio reforzada por el reciente fallo de la CSJN en la causa “Telefónica” (25/10/2022),  en el que se validó la posibilidad de actualizar quebrantos para evitar pagar un impuesto confiscatorio,  y también por una controversia que se está suscitando con la AFIP acerca de si los quebrantos pueden actualizarse por inflación en cualquier escenario, aun cuando la falta de actualización no produzca un resultado confiscatorio.

Argentina firmó con Estados Unidos un acuerdo de intercambio automático de información tributaria que alcanzaría a personas humanas con cuentas a su nombre y domicilio en Argentina. Aunque todavía se desconoce su alcance exacto y qué aplicación se daría a los datos que intercambiarán las administraciones tributarias, la intención sería que la información fluya ágilmente y, de tornarse operativo este intercambio de información, es esperable que muchos contribuyentes argentinos que presenten algún tipo de irregularidad rectifiquen sus declaraciones juradas. No se puede descartar que se impulse algún proyecto de ley que prevea un blanqueo de capitales, moratoria o amnistía para que los contribuyentes tengan la alternativa de regularizar su situación, o bien de repatriar los fondos no declarados.

Finalmente, es probable que la presión fiscal en materia de tributos provinciales y municipales se seguirá incrementando. Prueba de ello es la aprobación por parte del Congreso Nacional, en octubre de 2022, del Consenso Fiscal 2021, que modifica los compromisos asumidos en los consensos anteriores y considera inexigibles aquellos compromisos de las primeras versiones que no se hayan efectivizado hasta la fecha de la aprobación de este último. Asimismo, a nivel municipal, para los contribuyentes de la Tasa de Seguridad e Higiene, se vienen estableciendo fondos, sobretasas y contribuciones, que encubren la creación de impuestos. Esto es materia de discusión, ya que debería determinarse si los municipios se encuentren habilitados a recaudar a través de estos impuestos encubiertos.

¿Qué opinan sobre otras iniciativas que pasaron para 2023 en el Congreso, como el acuerdo con la OCDE sobre convenios para evitar la doble imposición o la ley de envases?

La Convención Multilateral de la OCDE fue firmada en 2017, bajo el Gobierno de Mauricio Macri. Al ser un tratado internacional, lo que se encuentra pendiente para su vigencia es la aprobación por parte del Congreso de la Nación, la cual ha estado en agenda durante este 2022. La aprobación de este tratado se encuentra en línea con la pretensión de Argentina de modernizar su red de tratados bilaterales para evitar la doble imposición, contemplando las últimas cláusulas consensuadas a nivel OCDE en materia de abuso de tratados, limitación de beneficios y sustancia de quien invoca el tratamiento establecido en estos tratados. Sin perjuicio de que es un instrumento moderno y que sería positiva su aprobación por parte del Congreso, destacamos que las cuestiones reguladas en esta Convención Multilateral se encuentran muy alejadas de la problemática tributaria actual en Argentina, como son los puntos mencionados anteriormente: el incremento de la carga tributaria en todos los niveles de gobierno y los efectos de la inflación sobre el pago de los tributos.

¿Cuáles son los desafíos de las firmas legales de cara al 2023, teniendo en cuenta este marco político, económico y legislativo?

Los desafíos son acompañar las transformaciones sociales, políticas, económicas, culturales y de forma de trabajo que se producen en el mundo, con los cambios organizacionales internos que se requieren para adaptarnos a esas transformaciones. Sin dudas, la alta inflación, el atraso cambiario y la incertidumbre política en cuanto al rumbo del país son los escollos más importantes para la actividad económica y, por ende, para la actividad de las firmas legales.      

¿Dirías que la misma dificultad del contexto puede abrir oportunidades de negocios para los abogados?

Las firmas legales tienen mucha resiliencia en un contexto económico como el actual porque cuentan con áreas de trabajo contra cíclicas, como por ejemplo litigios, arbitrajes y restructuraciones, que crecen en volumen de trabajo y permiten atemperar los malos tiempos.  Pero sin duda que las firmas legales corporativas prosperan cuando la economía florece y el país avanza.

Con la pandemia cambió la gestión de casi todas las actividades, ¿cómo afecta la digitalización la práctica del derecho?

La digitalización, la despapelización y la inteligencia artificial son aspectos de la práctica del derecho que están para quedarse; se han transformado en herramientas clave para la eficiencia del servicio e irán modificando cada vez más nuestra forma de trabajar. Además, estos cambios brindan también una enorme oportunidad para incorporar tecnología al asesoramiento legal en busca de agregar mayor valor para nuestros clientes, así como para generar datos estructurados y de mejor calidad, que permitan apuntalar las decisiones de negocios que se tomen.

¿Cómo se está gestionando la vuelta a la presencialidad?, ¿el régimen de trabajo híbrido tiene beneficios no sólo para los empleados, sino también para las firmas?.

Para nuestra firma el régimen de trabajo hibrido no tiene vuelta atrás.  La combinación exacta de presencialidad y trabajo remoto es la gran clave.  Observamos que la mayoría de nuestro empleados y abogados disfrutan cada vez más de los beneficios de la presencialidad, y por ello iremos revisando continuamente el mix que tenemos ahora (2 días presenciales y tres remoto). Desde un punto de vista organizacional, el trabajo híbrido no sólo representa un beneficio para los empleados, sino también para las firmas de abogados, ya que estimulan el fortalecimiento de una cultura digital y nos preparan para seguir abordando otro tipo de transformaciones y cambios culturales que requieren de mucha flexibilidad y adaptabilidad.

Dejando atrás el contexto de pandemia ¿Cuáles son las principales metas de la firma de cara al futuro?

Las que siempre tuvo: fuerte cohesión interna, reputación externa y rentabilidad.  Para lograr esas metas seguiremos cambiando todo lo que haya que cambiar para adaptarnos a las grandes transformaciones que estamos viviendo.

¿Qué lecciones y aprendizajes te deja el 2022?

Que los cisnes negros (en este caso la guerra en Ucrania y las enormes repercusiones que ha tenido en el mundo y en nuestro país) aparecen más a menudo que lo que uno espera.  Pero a pesar de ello, siempre hay oportunidades para mejorar, crecer y prosperar.