El pasado 2 de setiembre el Poder Ejecutivo emitió un decreto modificativo del Decreto No. 166/017 de 26 de junio de 2017 (reglamentario de la Ley de Transparencia Fiscal No. 19.484).
El tiempo transcurrido desde la entrada en vigencia de la obligación de identificar y comunicar los beneficiarios finales de distintas entidades ha dejado en evidencia que la casuística fue más compleja que lo que inicialmente contempló la normativa. Por tal motivo, algunas de las modificaciones realizadas por el mencionado decreto son la ampliación del elenco de sujetos obligados y de situaciones exceptuadas de identificar el beneficiario final.
En relación con este tema, cabe mencionar que la Auditoría Interna de la Nación, órgano de contralor en materia de la Ley de Transparencia Fiscal, ha comenzado a fiscalizar el cumplimiento de la normativa. En tal sentido, ha comenzado con citaciones a entidades con el objetivo de ver su cumplimiento con la comunicación y procedimiento para la identificación de los beneficiarios finales.
Por Carla Arellano
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