La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil destacó que la intervención del demandado en el beneficio de litigar sin gastos persigue no sólo el único objetivo de posibilitarle el control de la prueba sino también el de permitirle desvirtuarla y producir la propia, orientada a determinar la inexactitud de la situación patrimonial aducida por quien solicita el beneficio.

En el marco de la causa “Antoniazzi, Carlos Alberto c/ Don Satur SRL s/ Beneficio de litigar sin gastos”, la demandada apeló la decisión del juez de primera instancia que concedió el beneficio de litigar sin gastos solicitado.

Las magistradas que integran la Sala J explicaron que “el beneficio de litigar sin gastos es un instituto que contribuye a franquear el acceso a la justicia, -constituyendo una garantía de defensa en juicio e igualdad ante la ley-, cuando los litigantes no están en condiciones de hacer frente a un proceso con los recursos normales”, a lo que agregaron que “su concesión queda librada al prudente arbitrio judicial, en tanto la prueba arrimada a la causa reúna los requisitos suficientes para llevar al Juzgador al convencimiento de la verosimilitud de las condiciones alegadas de pobreza”.

Sentado ello, las camaristas explicaron que “la intervención del demandado en el beneficio de litigar sin gastos persigue no sólo el único objetivo de posibilitarle el control de la prueba sino también el de permitirle desvirtuarla y producir la propia, orientada a determinar la inexactitud de la situación patrimonial aducida por quien solicita el beneficio”.

Siguiendo tales lineamientos, el tribunal ponderó que en el presente caso “la demandada no ofreció prueba alguna que desvirtúe la producida en autos”, sino que se limitó a “cuestionar la prueba testimonial aportada por los actores pero sin refutarla fehacientemente, arguyendo que no resultan suficientes para conceder el beneficio peticionado”, sumado a que “nada más dicen respecto de la restante prueba producida en autos”.

En la decisión adoptada el 4 de mayo pasado, las Dras. Beatriz Alicia Verón y Zulema Delia Wilde señalaron que “su actitud pasiva no puede llevar a exigir del pretensor una prueba más exhaustiva, sin desconocer el principio que rige en materia probatoria, pues tal exigencia sería de imposible cumplimiento al imponerle la comprobación de los hechos negativos que concurran a destacar la posibilidad de que no fuera cierta la carencia de recursos o demostrar la imposibilidad de obtenerlos por otros medios, cuando ha sido concreta la prueba ofrecida al respecto”.

Por otro lado, las magistradas destacaron que “el concepto de carencia de recursos debe examinarse en el caso y en relación con el monto del proceso de que se trate, sin que se limite la posibilidad de obtener el beneficio a quien es indigente o pobre de solemnidad, pudiendo abarcar a todo aquel que demuestre que no está en condiciones de sostener los gastos del proceso y el pago de los honorarios sin comprometer los medios de su propia subsistencia y los de su familia”.

En base a lo expuesto, y luego de resaltar que “la valoración judicial en materia de beneficio de litigar sin gastos no puede dejar de ponderar la importancia económica del proceso”, la mencionada Sala decidió confirma la resolución recurrida.