Atentado Contra la Justicia: Declaración Pública del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos

El ministro de Justicia, Julio Alak, advirtió ayer que si la Cámara Federal en lo Civil y Comercial resuelve extender la medida cautelar oportunamente dictada en el caso Clarín, incurriría en "un alzamiento contra una ley de la Nación, contra una determinación de la Corte Suprema y generaría un conflicto de poderes”. Por su parte  Carlos Kunkel (diputado Frente para la Victoria)  denunció que la "corporación judicial quiere romper la continuidad de la democracia”.

 

Esas expresiones de miembros del oficialismo en los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación, evidencian una inadmisible concepción del ejercicio de la autoridad que tiene el gobierno nacional, contrario a los más elementales principios republicanos y democráticos que sustenta la Constitución Nacional, que, incluso, han motivado en la fecha el Comunicado de la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial, Junta Federal de Cortes, Asociación de Magistrados y Federación Argentina de la Magistratura, a cuyos términos nuestro Colegio adhiere plenamente.

 

Tales afrentas son la expresión de un relato gubernamental sustentado en argumentos mendaces, cuya propuesta se agota en  la reprochable tergiversación y  presión sobre el enemigo de turno.

 

Además de inadmisibles, dichas aseveraciones constituyen un acto de extrema gravedad institucional por cuanto se originan en las propias esferas oficiales, que, al tiempo de promover una lacerante división en el seno de nuestra sociedad, cuestionan el funcionamiento y el desempeño de magistrados del Poder Judicial ante la sola presunción  que sus resoluciones acaso puedan no coincidir con los intereses del gobierno nacional.

 

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires repudia tal conducta,  que, a más de constituir la muestra de su debilidad argumental,  sólo pretenden esgrimir el lenguaje provocador del enfrentamiento como modo de imposición de un modelo despreciativo de las formas institucionales de raigambre constitucional y de ideas que puedan provenir de un debate cívico plural, cuyas notas distintivas sean el resultado de un análisis fundado en  la objetividad y la buena fe.

 

 

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