La Cámara Nacional en lo Penal Económico declaró la inconstitucionalidad de la decisión que establece la suspensión de las acciones penales hasta que los deudores que ingresaron al blanqueo de capitales terminen de regularizar sus impuestos, al considerar que ello afecta el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

En la causa “Speed Centre S.R.L. sobre infracción Ley 24.769”, un directivo de la empresa involucrado en el proceso, apeló la resolución que dispuso suspender el trámite de la causa en la que se encuentra imputado por el delito del artículo 1º de la Ley Penal Tributaria.

Los jueces que integran la Sala A explicaron que lo resuelto se funda en lo establecido en la ley Nº 26.476 dictada por el Congreso en diciembre de 2008, referida a los contribuyentes y responsables de impuestos que recauda la AFIP que se hayan acogido a un régimen de regularización de obligaciones.

El apelante consideró que lo resuelto afectaba su derecho a obtener un pronunciamiento que ponga fin a la situación de incertidumbre creada por la denuncia en la que fue involucrado, por lo que solicitó que se declarase la inconstitucionalidad de la normativa en cuestión.

Tras remarcar que el artículo 31 de la ley 26.476 estableció la suspensión de las acciones penales en curso hasta tanto sean regularizadas las obligaciones para las que admitió pagos en cuotas en hasta ciento veinte meses disponiendo asimismo que las acciones suspendidas se reanudarían en caso de incumplimiento parcial o total del plan de regularización,  los camaristas determinaron que esa disposición frustra el derecho que asiste a quien ha sido imputado de la comisión de un delito de ejercer su derecho de defensa y obtener un pronunciamiento definitorio de su situación en un lapso razonable.

En base a lo anteriormente mencionado, en la sentencia del pasado 12 de noviembre, los jueces resolvieron que asistía razón al apelante y determinaron la inconstitucionalidad de la norma que establece la acción en esas condiciones y en cuanto concierne al imputado que reclama el derecho a un pronunciamiento definitorio de su situación.