Hugo Moyano, líder de la CGT, instó a los jefes sindicales a reclamar, a través de la vía judicial, los 12.000 millones de pesos que, según los gremios, el Estado les debe y que no es reconocido por el Gobierno.

Así, las 302 obras sociales sindicales involucradas podrían optar por reclamar ante tribunales  si continúa el escenario de indefinición. Por su parte, del dinero reclamado por la CGT unos 10.500 millones de pesos provienen del aporte obligatorio que se les retiene a los trabajadores de sus salarios. El resto del impore surge de los reintegros por prestaciones de servicios de alta complejidad que es brindado a través de la Administración de Programas Especiales (APE).

Asimismo, el Gobierno se había comprometido a pagar 1.000 millones durante el año pasado pero solo abonó $259 millones. Por este motivo, el reclamo empieza a tomar tintes más serios.

En la actualidad, la mayoría de las obras sociales están siendo deficitarias e, incluso, algunas corren el riesgo de cerrar su prestación de servicios. Una de las entidades más perjudicadas por el retraso del pago por parte del Gobierno fue la obra social de los camioneros.

Además, los gremios de menor envergadura se quejan por el retraso de los reintegros de fondos que provienen de prestaciones de servicios de alta complejidad que se brindan a través de la APE, ente descentralizado del Ministerio de Salud.

Así, Moyano le manifestó su disgusto a la Presidente por considerar la existencia de “retenciones indebidas” y “demoras injustificadas en la distribución de los recursos”. Además, tildó de “bestia burocrática perversa” al sistema.

El líder de la CGT tendría preparados los papeles, con el asesoramiento de su hijo –abogado principal del gremio- para demandar a la Superintendencia de Seguros de Saludo por un déficit que llegaría a la suma de $600 millones.