La Ley alemana de Debida diligencia en Cadena de Valor, Lieferkettensorgfalts-pflichtengesetzes (“LkSG”), entrará en vigor el 01.01.2023. En consecuencia, a partir de esa fecha, las empresas que caen bajo su órbita deberán observar diversos deberes de diligencia a lo largo de su cadena de suministro para evitar ser sancionadas por el Estado alemán por conducta indebida. En especial, la LkSG entiende que en cualquier jurisdicción hay riesgo de vulneración de derechos humanos en casos de trabajo infantil, trabajo forzoso y esclavitud, el incumplimiento con las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo, el incumplimiento de normas sobre libertad de asociación, la violación de las normas sobre igualdad el trabajo y en especial, las relacionadas con el pago de igual remuneración por tarea de igual valor, entre otras.

Asimismo, la LkSG remite a conceptos ya establecidos en los once tratados internacionales que incluye en su anexo, todos los cuales han sido ratificados por Argentina y que en gran parte poseen jerarquía constitucional.

En cuanto a la cadena de valor, la LkSG brinda una definición amplia, destacando que ésta incluye a todos los productos y servicios de una compañía. El término según la ley abarca todos los pasos, desde la extracción de la materia prima hasta la entrega del producto o servicio al cliente final, tanto en Alemania como en otros países que son necesarios para su producción.

El mecanismo de sanción establecido en la LkSG no es concluyente. Más bien la responsabilidad civil de las empresas -así como la de sus órganos de representación en la relación interna entre empresa y directorio- también puede estar afectado.

A partir de la entrada en vigencia de la LkSG, todas las empresas con sede legal en Alemania y con al menos 3.000 empleados tendrán que cumplir con las amplias obligaciones de debida diligencia, identificando, evaluando y priorizando los riesgos relacionados a derechos humanos y medio ambiente, tanto en sus propias áreas de actividad como en las de sus proveedores directos. A partir del año 2024, la LkSG se extenderá a empresas con un mínimo de 1.000 empleados.

Recientemente, la autoridad encargada de controlar el cumplimiento de la nueva ley, la Oficina Federal de Economía y Control de las Exportaciones (“BAFA” por sus siglas en alemán) ha publicado una primera guía con pautas prácticas para elaborar el análisis de riesgos, así como un cuestionario que sirve de base para los informes anuales que se deben presentar ante la BAFA.

El análisis de riesgos es el núcleo de las obligaciones de debida diligencia. El artículo 3 de la ley prevé los pasos a seguir para realizar un análisis eficiente, lo que a su vez es la base para determinar medidas preventivas y medidas de mitigación eficaces. Con la guía sobre el análisis de riesgos, la BAFA proporciona información sobre los pasos de puesta en práctica del análisis de riesgos, desde su preparación y ejecución hasta la evaluación de los resultados, así como sobre la relevancia de los resultados del análisis de riesgos para el desarrollo de medidas preventivas.

El cuestionario sobre los informes anuales se basa en el cuestionario que va a estar disponible online a partir del 01.01.2023 y sirve para que las empresas se pueden familiarizar tanto con las preguntas obligatorias como voluntarias antes de que la ley entre en vigencia.

¿La LkSG genera nuevos riesgos de responsabilidad civil para las empresas?

La nueva ley prevé expresamente ningún tipo nuevo de responsabilidad civil, cuando se establece en su art. 3: “El incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley no dará lugar a responsabilidad civil. Cualquier responsabilidad civil establecida independientemente de esta Ley no se verá afectada.”

La LkSG se basa entonces en el supuesto que las obligaciones de debida diligencia recientemente introducidas (incluido el análisis de riesgos) y el cumplimiento de ellas, con el fin de mejorar la situación de los derechos humanos en las cadenas internacionales de suministro, deben, en principio, hacerse cumplir y sancionarse en procedimientos administrativos y por medio de la legislación aplicable sobre ese tipo de infracciones administrativas.

Sin perjuicio de ello, paralelamente la ley aclara que cualquier derecho civil por incumplimiento de la debida diligencia se puede reclamar si se fundamenta según las reglas vigentes.

Por Dorothea Garff y María Carolina Muriago (Beccar Varela), en colaboración con Freya Elisabeth Humbert y Emre Özbek (GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB). Basado en el artículo Countdown bis zum Inkrafttreten des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes: Rechtzeitige Risikoanalyse für Sorgfaltspflichten und eine mögliche zivil-rechtliche Haftung von Unternehmen und deren Organen bei Pflichtverlet-zungen, por Freya Elisabeth Humbert y Emre Özbek