La evolución natural de la gobernanza tecnológica

La implementación de inteligencia artificial generativa en estudios jurídicos argentinos está catalizando una especialización de roles sin precedentes. La adopción de herramientas potentes pero falibles ha superado la capacidad de los marcos de gobernanza tradicionales, generando vacíos críticos en tres áreas: responsabilidad profesional por errores algorítmicos, cobertura de pólizas ante reclamos derivados de IA, y frameworks éticos para uso de información confidencial. En este contexto emerge una nueva función estratégica: el Ombudsman Corporativo de IA, figura concebida como garante del rigor, compliance y gestión de riesgos en la intersección entre tecnología y práctica legal.

Esta función representa la convergencia de tres expertises críticos que rara vez coexisten: conocimiento profundo de regulación de IA (como el AI Act europeo), comprensión cabal del marco legal argentino, y experiencia probada en auditoría de compliance corporativo. Su desarrollo no constituye mera extensión de roles existentes como CIO o General Counsel; es una especialización que responde a desafíos únicos que plantea la IA: "alucinaciones" de datos, confidencialidad en entrenamiento de modelos, y responsabilidad profesional sobre resultados generados.

Arquitectura y mandato de la función

Para resultar eficaz, el Ombudsman de IA debe integrarse en la estructura del estudio garantizando autoridad e imparcialidad.

Independencia estructural: La función debe operar con autonomía funcional, reportando directamente al Comité Ejecutivo o Managing Partner. Esta independencia resulta crítica para permitir evaluaciones objetivas de riesgos y beneficios, libres de presiones operativas de equipos de práctica o cronogramas de proyectos.

Scope de competencias: El mandato del Ombudsman es amplio y abarca desde prevención hasta respuesta. Sus responsabilidades incluyen auditoría trimestral de compliance de herramientas de IA en uso, investigación forense de incidentes tecnológicos (filtraciones de datos o generación de información incorrecta), actualización continua de políticas según evolución normativa, y actuar como interface principal con reguladores en materia de IA.

Perfil técnico-legal híbrido: El profesional ideal posee formación legal sólida, complementada con especialización demostrable en regulación tecnológica y protección de datos, experiencia en auditoría de compliance, y comprensión técnica suficiente para dialogar con equipos de IT y proveedores de IA. Esta combinación de habilidades es actualmente escasa en el mercado argentino, subrayando su valor estratégico.

Las ventajas competitivas de una gobernanza especializada

La implementación de esta función trasciende la gestión de riesgos para convertirse en potente diferenciador de mercado.

Credibilidad regulatoria superior: Las auditorías y reportes conducidos por figura independiente y especializada aportan grado de defendibilidad ante organismos de control superior a revisiones internas. En contexto de creciente escrutinio regulatorio por parte de la Agencia de Acceso a la Información Pública y otros entes, esto no constituye detalle menor.

Expertise concentrado y proactivo: A diferencia de roles internos que dividen atención entre múltiples responsabilidades, un Ombudsman de IA dedica 100% de su tiempo a monitorear el dinámico ecosistema de IA legal. Esta concentración se traduce en mayor profundidad de conocimiento y capacidad de anticipación normativa que permite al estudio adaptarse antes que competidores.

Transferencia y mitigación de riesgo: La contratación de Ombudsman externo, con seguro de responsabilidad profesional propio, constituye capa adicional de protección financiera y legal para el estudio. Su póliza independiente amplía la cobertura total ante potenciales reclamos derivados del uso de tecnología.

Modelo económico: una inversión estratégica

La comparativa económica entre rol externo e interno demuestra claro beneficio en términos de eficiencia y flexibilidad.

Estructura externa: Se basa en modelo de honorarios fijos (retainer) que cubre auditorías regulares y monitoreo, con costos variables por servicios específicos. Permite escalar la inversión según necesidad real y acceder a expertise de clase mundial sin incurrir en alto costo fijo de posición interna.

Alternativa interna: Implicaría crear posición senior a tiempo completo, con significativo costo salarial y de beneficios asociado. Conlleva alto costo fijo independientemente del volumen de actividad, y enfrenta el desafío de encontrar y retener perfil escaso en el mercado.

La ventaja económica del modelo externo es sustancial: ofrece reducción significativa de costos fijos, manteniendo o superando el nivel de expertise y añadiendo flexibilidad operativa crucial.

El límite constitucional a la sobre-regulación interna

El artículo 19 de la Constitución Nacional establece principio fundamental que la regulación interna de IA debe respetar: "Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados." Esta norma opera como límite constitucional directo a regulaciones internas excesivas.

El empleo de IA en actividades profesionales que no afecten terceros ni comprometan el orden público goza de presunción de licitud constitucional. Las restricciones institucionales requieren justificación específica en daños concretos, no en riesgos hipotéticos. El Ombudsman de IA debe aplicar este test constitucional de proporcionalidad: las restricciones deben ser mínimas, adecuadas al fin perseguido, y menos lesivas que alternativas disponibles.

Implementación práctica: hoja de ruta en tres fases

La adopción de esta función puede estructurarse de manera pragmática y controlada.

Fase 1: Diagnóstico (30 días): Assessment inicial para mapear estado actual del uso de IA en el estudio (oficial y no oficial), identificar brechas regulatorias urgentes y definir prioridades de compliance para los siguientes seis meses.

Fase 2: Desarrollo del framework (60 días): Creación de Política Institucional de Uso de IA, protocolos de auditoría, métricas de rendimiento para herramientas y procedimientos de escalamiento en caso de incidentes.

Fase 3: Operación continua: Implementación de auditorías trimestrales, programas de formación continua para todo el personal, monitoreo proactivo de incidentes y actualización constante de políticas según evolución tecnológica y normativa.

La diferenciación por legitimidad

En mercado que premia tanto sofisticación tecnológica como gestión prudente de riesgos, los estudios que implementen funciones especializadas de Ombudsman de IA obtendrán ventajas competitivas tangibles. Esta figura fortalece la confianza del cliente en el manejo de confidencialidad, mejora la defendibilidad ante auditorías regulatorias, y permite ofrecer servicios tecnológicamente avanzados dentro de marco de riesgo controlado.

La adopción temprana de esta función posiciona al estudio no solo como innovador, sino como innovador responsable, consolidando su reputación como verdadero "guardián de la legitimidad" en la nueva era del derecho digital.

El Ombudsman Corporativo de IA no representa una carga regulatoria adicional. Constituye la evolución natural de la gobernanza jurídica hacia la realidad tecnológica del siglo XXI, donde la legitimidad profesional se mide tanto por la capacidad de innovar como por la prudencia para gestionar los riesgos que esa innovación conlleva.