Al asistir a la nueva convocatoria realizada por la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados con el fin de evaluar los tres proyectos que buscan modificar la Ley de Entidades Financieras, los representantes de distintos sectores económicos, si bien destacaron la importancia de discutir una nueva normativa que impulse el crédito y defienda al consumidor, manifestaron su rechazo a que la actividad financiera fuese catalogada como “servicio público”.

En la tercera rondas de consultas que lleva a cabo la Comisión presidida por el diputado Alfonso Prat Gay, los titulares de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) Jaime Campos, y el vicepresidente segundo de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Alberto Grimoldi, presentaron documentos en los cuales expusieron sus objeciones a respecto de los puntos principales del proyecto de ley de Carlos Heller.

Los representantes de las entidades sostuvieron que la declaración de servicio público podría atentar contra la promoción de la confianza en el sistema financiero argentino, incrementando costos, reduciendo depósitos  y afectando la disponibilidad del crédito.

En tal sentido, Méndez señaló que “determinar la actividad financiera como servicio público no resultaría adecuado, dado que quedaría sujeta a indefiniciones, generando incertidumbres sobre sus alcances”, mientras que Campos coincidió al señalar que su entidad considera que “no es conveniente declarar la actividad financiera como servicio público, convirtiendo a la banca en una concesión del Estado”.

Por otro lado, los representantes de las entidades también manifestaron su desacuerdo con la posibilidad de fijar límites de mercado a los grandes bancos, así como implementar una mayor regulación a las entidades extranjeras y fijar un techo a las tasas activas para pymes, debido a que podrían desincentivar el crecimiento y las inversiones de las entidades más exitosas y competitivas.

Con relación a las tasas de interés, los representantes de las entidades coincidieron en que su fijación debía quedar a cargo del Banco Central, basándose en que “toda regulación debe estar sustentada en la preservación de la solvencia y la defensa de los ahorros del público”.