Debido a que consideran que la ley que eliminó las AFJP previó un resarcimiento insuficiente, los titulares de las ex Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) presentarán demandas judiciales durante el transcurso de las próxima semana, con el fin de reclamar al Estado Nacional una indemnización de alrededor de 1.200 millones de dólares en concepto de resarcimiento por el cierre de las empresas.
De acuerdo a lo informado por el diario Clarín, de las diez AFJP que funcionaban a fines de 2008, momento en el que fueron eliminadas al estatizarse los fondos de pensión, la mayoría decidió que irán a la Justicia.
La norma cuestionada por los accionistas de las ex AFJP establece que “en ningún caso las compensaciones que pudieran corresponder a las AFJP podrán superar el valor máximo equivalente al capital social de las administradoras liquidadas de acuerdo a las condiciones que establezca la reglamentación de la presente ley”, por lo que en base a este criterio, el patrimonio neto de las Administradoras sumaba hacia fines de 2008 alrededor de $ 1.450 millones, significando ello unos 450 millones de dólares.
Por otro lado, la norma señala que el Estado Nacional tendrá la posibilidad de entregar a los accionistas de tales entidades títulos públicos emitidos o a emitirse por la República Argentina, agregando que para ello se tendrá en cuenta un cronograma mínimo para evitar que tenga un impacto en la cotización, a la vez que le otorga un derecho prioritario de recompra sobre dichos títulos a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).
A pesar de que ya pasaron casi dos años desde la sanción de esta normativa, los accionistas de las ex AFJP, los cuales son bancos nacionales y extranjeros, compañías de seguros locales y extranjeras, sindicatos y diversos grupos inversores, reclaman que aún no se conoce la reglamentación de este aspecto de la ley.
Según lo publicado por el mencionado matutino, persisten las dudas en algunos grupos económicos y sindicados afines al Gobierno, debido a que temen ser demandados por sus afiliados o accionistas por no defender el patrimonio de sus entidades en caso de no reclamar judicialmente.
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