El parlamento griego confirmó por mayoría y con carácter de urgencia la iniciativa legislativa que insita a proceder a la quita de 107.000 millones de euros de la deuda en manos privadas.

De esta manera, se autorizó el inicio de una operación que reestructurará la deuda del país dejando en manos de acreedores privados (bancos, compañías de seguros o fondos de inversión) más de la mitad del pasivo.

En 2002, Argentina tenía una deuda total de 82.000 millones de dólares y la suspensión de pagos que llevó a cabo era la mayor reestructuración financiera hasta el momento. En la actualidad, ese lugar es ostentado por el país heleno.

La diferencia reside en que en el caso griego no se trata de una suspensión de pagos sino de un complejo esquema aceptado por los acreedores del país. Además, el plan también implica un préstamo de 130.000 millones de euros en tres años.

Con respecto a la propuesta sancionada, el texto de la ley detalla los términos del acuerdo denominado PSI (Private Sector Involvement), cuyas modalidades fueron fijadas en Bruselas por los países de la zona euro.

Si bien la nueva legislación fue aprobada por la mayoría, como se estimaba, el Partido Comunista, el de izquierda radical y el partido de extrema derecha se pronunciaron en contra ya que “beneficiará a los bancos y a los monopolios”.

El anuncio oficial del lanzamiento de la oferta de canje no debería demorar muchos días ya que Grecia inició una carrera contrarreloj para prevenir caer en bancarrota el 20 de marzo, plazo en el que tendrá que reembolsar 14.500 millones de euros.

Por su parte, el ministro de finanzas heleno, Evangelos Venizelos, afirmó que la operación en sí "debería tener lugar antes del 12 de marzo para los títulos de derecho griego y para principios de abril para los de derecho inglés y japonés".

De esta manera y luego de la aprobación del plan, los parlamentarios deberán tratar otra reforma referida al sistema sanitario para ahorrar unos 1.000 millones de euros en 2012 y un texto sobre el conjunto de medidas presupuestarias exigidas por los acreedores del país, las cuales incluyen recortes adicionales en las pensiones, entre otras cosas.