A pesar de no haber sesionado, los contratos surgidos de una renegociación llevada a cabo entre el Poder Ejecutivo y las distribuidoras de gas Centro y Cuyana,  quedarán vigentes a partir del día de hoy por  sanción ficta, debido a que pasaron 60 días en los que el Congreso no aprobó ni rechazó en forma expresa dicha renegociación. Tal situación, se produjo por aplicación de lo que se conoce como sanción ficta,  mecanismo incluido en la renegociación de los contratos, el cual es considerado inconstitucional por parte de la oposición. De acuerdo a lo establecido en la ley 25.790, sancionada en el año 2002, luego de que el Ejecutivo envía al Congreso los acuerdos celebrados con empresas privatizadas, este tiene 60 días para expedirse, quedando aprobados dichos contratos por aprobación ficta, en caso de que el mismo no se expida. De la renegociación de dichos contratos, surgió un incremento en las tarifas de un 27 por ciento, encontrándose los hogares de menores consumo exentos del mismo. En la comisión Bicameral, el oficialismo no dio quórum, habiendo emitido la minoría un dictamen en el que rechazaban dicha negoción al considerar que en el acuerdo había irregularidades  de forma y de fondo. Según surge del dictamen firmado por diputados y senadores de la oposición, en la renegociación del contrato no se contempló el cumplimiento de multas por parte de las empresas, así como tampoco las garantías de que las empresas involucradas retirarán las demandas que presentaron ante el Ciadi.