Artí­culos

Técnicas Especiales de Investigación (segunda parte): Ley del arrepentido.

Por Francisco Olavarría & ​Santiago Fontán Balestra

1) Introducción

En un artículo anterior, publicado en este mismo espacio el pasado 15 de noviembre ("Nueva ley que incorpora Técnicas Especiales de Investigación..."), hemos comentado la sanción de la ley que incorporó la utilización, para ciertos delitos, de los siguientes institutos: “agente encubierto”, “agente revelador”, “informante”, “entrega vigilada” y “prórroga de jurisdicción”; (1) en aquel análisis no se incluyó la figura del arrepentido en tanto nos pareció que, por su destacada relevancia, debía ser considerada de manera independiente.

Por ello, en esta segunda entrega, nos centraremos en esta “técnica especial de investigación” que merecía ser debatida de manera aislada por el peso y la importancia que a nuestro juicio tiene para el juzgamiento de ciertos delitos de compleja investigación. Así, en este trabajo nos proponemos: (i) repasar los antecedentes de esta nueva ley que incorpora –para ciertas figuras delictivas–, y organiza –para otros delitos en los que ya el legislador venía autorizando su aplicación–, la figura del arrepentido (nro. 27.304); (ii) exhibir los aspectos que resultan más relevantes –y los que merecieron mayor debate–; y (iii) realizar algunas breves consideraciones en torno a su aplicación.

2) Antecedentes

2.1. Ámbito internacional

En primer lugar, resulta importante destacar que a nivel global, la República Argentina ha asumido compromisos ante la comunidad internacional de adoptar medidas eficaces para la prevención, detección, sanción y erradicación de la corrupción en todos los niveles. Esto es así, a partir de la suscripción de la "Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC)"en el año 1997 y, fundamentalmente, a partir de la publicación de la ley nro. 26.097 (en junio del año 2006) que aprobó la "Convención de las Naciones Unidad contra la Corrupción (CNUCC)", entre muchos otros acuerdos suscriptos a nivel internacional. Esta última, específicamente en su artículo 37, y bajo el título de "Cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley", prevé que:

“1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para alentar a las personas que participen o hayan participado en la comisión de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención a que proporcionen a las autoridades competentes información útil con fines investigativos y probatorios y a que les presten ayuda efectiva y concreta que pueda contribuir a privar a los delincuentes del producto del delito, así como a recuperar ese producto. 2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, en casos apropiados, la mitigación de la pena de toda persona acusada que preste cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, la concesión de inmunidad judicial a toda persona que preste cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 4. La protección de esas personas será, mutatis mutandis, la prevista en el artículo 32 de la presente Convención. 5. Cuando las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo se encuentren en un Estado Parte y puedan prestar cooperación sustancial a las autoridades competentes de otro Estado Parte, los Estados Parte interesados podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos, de conformidad con su derecho interno, con respecto a la eventual concesión, por el otro Estado Parte, del trato previsto en los párrafos 2 y 3 del presente artículo.”

También es importante mencionar que una de las principales aspiraciones del actual gobierno es el ingreso de la Argentina, ya sea como miembro pleno o socio estratégico, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ("OCDE"). Para ello deben cumplirse ciertos estándares que reclama el organismo, entre los que la lucha contra la corrupción figura como una de las máximas prioridades. En ese marco, nuestro país forma parte de la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf), suscripta en París, el 17 de diciembre de 1997 y aprobada por la República Argentina, mediante la Ley nro. 25.319 (publicada en el Boletín Oficial el 18/10/00). En el contexto de esta Convención, el Grupo de Trabajo sobre Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales de ese organismo, viene instando a la Argentina a reforzar sus medidas en la lucha contra la corrupción y el cohecho internacional, recomendando que el país modifique su legislación.

En cumplimiento de estos reclamos, entre muchos otros esfuerzos, se ha enviado un proyecto de ley al Congreso sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas que posiblemente obtenga sanción durante el curso del año 2017. En este mismo capítulo se encuentran: la sanción de la ley que aquí comentamos, que incorpora la figura del arrepentido a los casos de corrupción; y el proyecto de ley –que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados– de extinción de dominio (controvertida iniciativa que apunta, aun sin condena en el ámbito penal, a recuperar bienes de origen ilícito provenientes de la corrupción, narcotráfico y lavado de dinero, entre otros delitos).    

Tal como se expresa en los fundamentos del proyecto de ley del arrepentido, redactado por la Senadora Nacional Silvia Beatriz Elías de Pérez, también destacamos que este instituto –debidamente organizado y con una adecuada técnica de legislación– viene siendo ampliamente utilizado en países como la República Federativa de Brasil (con el nombre de "delación premiada”), (2) donde, entre diversos casos, se destaca la operación conocida como “Lava-Jato” (Lavadero de Autos), (3) en la cual diversas personas implicadas en sofisticadas técnicas de corrupción, lavado de activos y asociación ilícita, han prestado colaboración a la justicia y otorgado información valiosa, obteniendo a cambio, entre otras cuestiones, reducciones de pena. Este "trueque" ha permitido descubrir una vasta red de lavado de dinero de millones de reales que ha enviado a prisión a directivos y ejecutivos de las principales empresas constructoras y contratistas de dicho país.

Este proceso por el que atraviesa Brasil ha permitido también que se expongan los innumerables pagos y entregas de dinero, y otras dádivas, a funcionarios y a prácticamente todos los partidos políticos (en lo que se ha dado en llamar la "Caixa 2"). Queda pendiente todavía que se conozcan las declaraciones prestadas por los setenta y siete (77) ejecutivos de la firma Odebrecht (que incluye la de su ex-presidente, Marcelo Odebrecht), en el marco de un acuerdo global que la revista “Veja" de Brasil dio en llamar la "Delación del Fin del Mundo", al que arribaron con el equipo de fiscales que dirige Deltan Dallagnol, y que incluye, entre muchos otros, el compromiso asumido por la compañía de pagar una multa global superior a los tres mil quinientos millones de dólares (US$ 3.500.000.000) a los gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza, para reparar los daños causados por los actos de corrupción. Si bien la Presidenta del Superior Tribunal Federal, Carmen Lúcia homologó en el último día de enero las delaciones de los ejecutivos de la firma brasilera, ordenó que se mantenga reservado y confidencial su contenido, hasta que fuera designado el nuevo relator del caso Lava-Jato ante el STF, luego del fallecimiento de Teorí Zavascki, al caer el avión en el que se transportaba. Edson Fachin ya ha sido designado nuevo relator del caso y consecuentemente se espera que pronto se conozcan las delaciones de Marcelo Odebrecht y del resto de los ejecutivos de su empresa, o cuanto menos que se comiencen a activar nuevas investigaciones penales. Los Fiscales que componen el equipo de la acusación de la operación Lava-Jato han llegado a afirmar que si se comprobasen las manifestaciones vertidas en los acuerdos de delación premiada de los ejecutivos de la empresa, la política en Brasil será definida como un A.O y D.O. (antes y después de Odebrecht). A partir de este y otros datos significativos, muchos se adelantan a opinar que el contenido de estos acuerdos (que ya suman 800 anexos) hará sacudir al mundo político de Brasil, y de otros países.

También en la República Italiana, se ha considerado de mucha utilidad en la mega-investigación conocida como “Mani pulite” (Manos Limpias) contra una extensa red de corrupción que involucraba no sólo a los principales partidos políticos de aquél momento en Italia (año 1992), sino también a grandes empresarios e industriales. En este país, y en otros de la Comunidad Europea, también sirvió para combatir a grupos terroristas. La operación Manos Limpias comenzó a desarrollarse el 17 de Febrero de 1992 cuando el Juez Antonio di Pietro ordenó la detención de Mario Chiesa (miembro del Partido Socialista Italiano), acusándolo de haber aceptado un soborno de parte de una empresa de limpieza de la ciudad de Milán. Dos años después de comenzada la investigación, ya se había ordenado la prisión de dos mil novecientos noventa y tres (2.993) personas, mientras que seis mil cincuenta y nueve (6.059) personas estaban siendo investigadas (incluyendo a 438 miembros del Parlamento y a 4 ex Primeros Ministros). 



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08 de febrero 2017 | Sin comentarios | Comentar

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