En tanto y en cuanto el fenómeno de la corrupción comenzó a volverse algo endémico en la República Argentina, extendiéndose como una metástasis sobre las actividades del Estado, el Derecho Penal nacional se vio obligado a reformular su normativa, para no quedar desbordado por los corruptos.

En los hechos, y si como destacaba hace ya décadas Carlos Juan Zavala Rodriguez, primero se producen los hechos y luego aparecen las construcciones jurídicas destinadas a regularlos, en ninguna materia ello fue tan evidente como en el Derecho Empresario, impactando las recidivas de sus desbordes tanto la normativa comercial, como la penal y la laboral.

Si ponderamos que en los últimos 3 años las personas jurídicas pasaron a ser sujeto pasible de castigo penal (Ley 27.401), la delación con fines de obtención de beneficios penales se transmutó de acto reprochable en algo bien visto por su poder hipotéticamente “sanador” - ¿Quién se atrevería hoy a burlarse de o descalificar públicamente a un “arrepentido”? – y que encuentran sanción patologías contra las que tanto lucharan hasta hace poco Nissen y el suscripto, como el “trasvasamiento”, nos encontramos frente a un cambio claro de panorama y de paradigmas que impone reformularnos muchas cuestiones.

Por ejemplo, es algo sabido que el artículo 31 de la ley 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo) (1) permite responsabilizar “solidariamente” a todas y cada una de las “Empresas” integrantes de un “conjunto económico de carácter permanente” por las obligaciones laborales y previsionales contraídas con sus trabajadores y con los organismos de seguridad social, “cuando hayan mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria”.

¿Cómo no encuadrar en la hipótesis de reproche legal, a todas y cada una de las empresas del Grupo Contratista de Obra Pública al que le adjudicaron centenares o miles de millones de dólares en Licitaciones “taylor made”, y a los funcionarios corruptos y a los CEO´s que “se arrepintieron” y confesaron el ilícito?

Llevando la cuestión a otro plano y a otra de las áreas delictuales normalmente transitadas por “los amigos del poder”:

¿Acaso no se encuentran alcanzados por la norma precitada los socios y/o controlantes (art. 54, ley 19.550) (2), que se apropiaron de miles de millones de Impuestos a los Combustibles ilícitamente retenidos del público, o quienes montaron medios periodísticos, radios y/o canales de televisión absolutamente inviables “apalancándolos” - en una versión autóctona y corrupta del “leveraged buyout” - pura y exclusivamente en la denominada “pauta oficial”, para entrar en “cesación de pagos” ni bien la misma se interrumpió?.

Finalmente, en tanto y en cuanto el carácter omnicomprensivo de la fórmula del artículo 31 de la LCT precitado, permite englobar entre los sujetos pasivos objeto de reproche tanto a las personas humanas, como a los sujetos colectivos fraudulentamente interpuestos para cometer los fraudes (3):

¿No resulta claramente posible involucrar a los funcionarios públicos corruptos comprometidos en la maniobra como “cooperadores necesarios” de los ilícitos cometidos en perjuicio tanto de las Sociedades involucradas, como de sus trabajadores damnificados y del propio Estado saqueado, en no pocos casos invocando el “Sanbenito” de un hipotético “sistema productivo de inclusión social de matriz nacional” (SIC), que fue la etiqueta “populista” con la que se maquillara la  rapiña?

Creo que sí y ello, obviamente, abrirá nuevos paradigmas laborales y previsionales en materia de responsabilidad.