La Cámara de Diputados debatía anoche el proyecto de ley que reforma la integración del Consejo de la Magistratura, uno de los puntos promovidos por el núcleo duro de la oposición en los comicios el año pasado y con el que buscaba al cierre de esta edición darle un nuevo golpe político al Gobierno. Según se preveía, las bancadas de la UCR, el Peronismo Federal, la Coalición Cívica-ARI, el PRO, y sectores de centroizquierda como el socialismo, el GEN y Proyecto Sur se aprestaban a dar media sanción a la iniciativa.

El presidente de la comisión de Justicia, el radical Ricardo Gil Lavedra, defendió la reforma impulsada por los bloques antioficialistas que debieron hacer concesiones a la centroizquierda para conseguir los 129 votos necesarios para aprobar la modificación. En ese sentido, reconoció que la propuesta “no será la reforma ideal”, pero sí “la reforma posible”, porque hará ver la luz a un futuro Consejo de la Magistratura “superior al actual”.

“Creemos que la integración del cuerpo que dispusimos en nuestro proyecto asegura un mejor equilibrio. Hemos privilegiado a los miembros profesionales por sobre los políticos”, definió el legislador radical. Según el texto, el cuerpo quedará conformado por 18 consejeros: 3 senadores, 3 diputados uno por cada una de las tres primeras minorías de cada cuerpo, el presidente de la Corte Suprema, 3 jueces, 4 abogados, un representante por el Poder Ejecutivo y 3 académicos (uno por el mundo de las ciencias sociales).

Para el kirchnerista Alejandro Rossi la propuesta opositora es “uno de los peores retrocesos que se han visto” porque –según opinó– favorece a la corporación judicial y “va en contra de los compromisos que la Justicia debe tener con la ciudadanía”. Entre otros puntos, el diputado por Santa Fe criticó que la iniciativa deja en manos de la Corte Suprema la última palabra en el manejo administrativo y presupuestario del organismo encargado de la designación y de sanción de los jueces. “Termina siendo la presencia de la Corte un fuerte ascendiente que va a terminar incidiendo en los destinos del Consejo. Este proyecto no introduce más que buenas intenciones y algunos puntos de cosmética”, lamentó.

Su compañero de bancada Gerónimo Vargas Aignasse fue en la misma línea y, entre otros aspectos, le apuntó a la corporación judicial al sostener que “las corporaciones tienen voracidad de poder, quieren más espacio, quieren más poder de decisión” y advirtió que es “antiético que los abogados que viven de los honorarios que fijan los jueces participen de las selecciones de esos jueces”.

Vilma Ibarra, del espacio filo-K Nuevo Encuentro, defendió su dictamen de minoría en la materia, y también cuestionó la integración de la Corte Suprema al Consejo”. “Es una mala decisión”, alertó, porque –según consideró– aleja al organismo de la independencia que debería tener y en forma indirecta le deja al representante del máximo tribunal “un peso enorme en todas las decisiones importantes” al tener voto en caso de desempate.

En tanto, el oficialista Jorge Yoma consideró el dictamen opositor se trata de una “grosería institucional incalificable”. Y, tras pronunciarse a favor de que la Corte Suprema presida el organismo, dijo que “en la búsqueda del consenso opositor se la pone sin facultades”.

Fuente: Cronista.com