De esta manera, los buscadores de internet involucrados (Google, Yahoo! y Bing) que tengan domicilio en la Ciudad de Buenos Aires deberán disponer de un protocolo para borrar los links que conduzcan a páginas con datos que vulneren los derechos individuales o los derechos a la intimidad de los usuarios.
El fallo, adoptado por el titular del Juzgado 18 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Marcelo López Alfonsín, obliga al Gobierno de Mauricio Macri a dictar una norma en un plazo de 180 días que obligue a los buscadores a implementar las medidas necesarias para resguardar el derecho de los usuarios.
Cualquier ciudadano puede solicitar a los buscadores, aportando pruebas concretas, que retire los links que cree perjudiciales. Si se hace lugar al pedido, el portal debe borrar la vinculación de forma ágil.
Si la iniciativa finalmente se concretara, la justicia tendrá la obligación de actuar cuando los particulares (léase usuarios y motores de búsqueda) no lleguen a un acuerdo.
Ya en mayo del presente año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió convalidar el derecho al olvido, lo que implica que si alguien en Europa encuentra en algún buscador datos que considere perjudiciales, puede solicitar su eliminación. Este debate se ha trasladado a la justicia argentina que ya falló en diversas cuestiones vinculadas a la temática. Ahora el Gobierno porteño deberá hacer lugar al fallo o apelarlo.
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