A tres meses de la sanción de de la Ley 26.685 “Expediente Digital” por la cual se autorizó el uso de comunicaciones electrónicas en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial de la Nación, otorgándoles la misma validez jurídica e idéntico valor probatorio que las impresas, el Colegio de Abogados llevó a cabo a una jornada en la que se discutió cómo ha sido la implantación de la Ley y los desafíos que tiene por delante.

Sobre esto, el Dr. Horacio Granero dijo “Bajo la expresión ‘expediente digital’, la finalidad perseguida es eliminar el expediente de soporte papel y reemplazarlo por un formato totalmente digital, que otorgue mayor rapidez y transparencia en los procesos judiciales”. El estado actual de la implementación de la justicia virtual “puede ser un momento privilegiado, en que la doctrina y la jurisprudencia podrán canalizar los flujos de emancipación que las nuevas tecnologías de información y comunicación proporcionan, o, de lo contrario, de seguirse una opción meramente conservadora, se corre el riesgo de convertirse en una pura ‘informatización de la ineficiencia' del proceso actual”

“Para que este expediente digital cumpla funciones equivalentes al tradicional expediente en soporte papel deberán implementarse mecanismos de seguridad informática documental, tales como la firma electrónica segura, los puertos seguros (SSL), los sistemas de auditoría permanente, procedimientos de archivos digital, etc. Además, el Colegio Público de Abogados debe detentar el rol de autoridad de registro de la firma digital de los abogados, como elemento esencial de contralor y resguardo de la actuación profesional en el proceso. Reconocer que importar mecánicamente los principios clásicos del proceso de papel, para el proceso electrónico parece absolutamente inadecuado y significaría desperdiciar una oportunidad única de mejorar el Servicio de Justicia”, concluyó el Dr. Granero.

Por su parte, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Ricardo Lorenzetti, explicó que “los cambios tienen que ser graduales para que no haya resistencias. En este sentido, hay que aplicar criterios de gestión privada al Estado. Uno siempre quiere una Justicia más rápida y es nuestra responsabilidad cambiar; el gran reclamo de los argentinos es la celeridad, y es hora que el Poder Judicial se haga cargo de este objetivo”

A su turno, el Dr. Alejandro Fargosi, dijo que la Ley 24.685 implica un cambio de paradigma y abre las puertas al futuro: “en una profesión que tiende a enseñarnos el valor de la estabilidad, no podemos sino cambiar nuestra manera de ver la realidad y tenemos que plantearnos nuevas respuestas tecnológicas a las demandas de la gente”. En este sentido, el Presidente de Colegio Público de Abogados de CABA, Raúl Aguirre Saravia, sintetizó que “la sociedad nos va a valorar mejor si somos agentes de cambio, más que agentes de resistencia”.

El segundo panel estuvo integrado por la Dra. Elena Domínguez Pecco, Fiscal en Madrid, España, quien es a su vez Coordinadora de la Oficina Regional de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica (COMJIB), y expuso sobre su experiencia en el proyecto “cero papel en Tribunales”: “Son tres las recomendaciones que debemos seguir para digitalizar. Primero, entender que el expediente electrónico no se trata de escanear los documentos impresos, sino que debemos crear una plataforma para seguir digitalmente todos los expedientes desde que se interpone una demanda hasta que se falla. Segundo, no se puede llevar a este nuevo mecanismo los vicios de sistema actual y, tercero, no hay que exigirle al sistema digital lo que no le exigimos al sistema tradicional, refiriéndose a los miedos de los abogados con los envíos de mail o la estabilidad del sistema online.”

Domínguez, también se refirió a casos de éxito en Portugal y Costa Rica. En el primer país la experiencia fue contundente: “los expedientes pasaron de 2 años a 8 meses en resolverse. La digitalización  no sólo cortó la distancias entre interlocutores, los tiempos de espera, sino que generó una dinámica sin retrasos”. En Costa Rica, otro de los países que implementó el proyecto “Se redujeron a cero los tres días al mes en los que los jueces buscaban expedientes en el archivo”.  “Argentina tiene que aprender de esa experiencia, de sus errores y aciertos y avanzar en esa dirección”.