Por Evangelina Petrizza, Magdalena Frigerio y Roberto Crouzel
Estudio Beccar Varela

Según datos del Global FINDEX del Banco Mundial, dos mil millones o el 38 % de los adultos en el mundo no utilizan servicios financieros formales y un porcentaje aún mayor de los pobres no tiene cuenta bancaria debido a los costos, las distancias de viaje y a los, a menudo, complejos requisitos que se deben cumplir para abrir una cuenta. Sus filas incluyen más de la mitad de los adultos en el 40% de los hogares más pobres en los países en desarrollo.

El CGAP (1) entiende por inclusión financiera a “una situación en la que todos los adultos en edad de trabajar, incluidos aquellos actualmente excluidos del sistema financiero, tienen acceso efectivo a los siguientes servicios financieros provistos por las instituciones formales: crédito, ahorro (incluyendo cuentas corrientes), pagos y seguros.”  Y agrega, el acceso efectivo: “implica prestación del servicio conveniente y responsable, a un costo que el cliente puede asumir y sostenible para el que lo provee, que tenga como resultado que los clientes excluidos utilicen los servicios financieros formales en lugar de las opciones informales existentes”.

Desde inicios del los 2.000 y en creciente medida, los Gobiernos, los organismos internacionales, los donantes, algunas ONG’s y el sector financiero, están trabajando para promover la inclusión financiera para garantizar que todas las personas, incluidas las de bajos ingresos, puedan disponer de tales servicios.

Pero, pese a los progresos logrados en impulsar el acceso a los servicios bancarios, los seguros, las microfinanzas y otros productos, miles de millones de personas siguen excluidas de los sistemas financieros formales.

En América Latina y el Caribe, si bien existen casos muy exitosos de inclusión financiera como Bolivia y Perú, los distintos estudios muestran que esa inclusión en términos de acceso, uso y calidad es baja comparada con los países desarrollados y algunas economías emergentes, en especial con el uso y la calidad (2).

Mientras que en Argentina, no sólo la bancarización es baja - alcanzando al 50,2% de jóvenes y adultos- y alejado del promedio mundial que es del 61,5%; sino que tampoco han podido prosperar las microfinanzas al igual que lo han hecho en otros países de la región en el mismo periodo.

El crédito es un derecho que debiera estar al alcance de todas las personas. Lamentablemente, hoy por hoy, solo poseen ese derecho, aquellas personas que se encuentran el la parte superior de la pirámide poblacional de ingresos.

Si bien las explicaciones son multicausales, podríamos todos coincidir que en buena medida se debe a las barreras que han existido en el entorno de negocios que ubican a nuestro país dentro de los 4 peores junto a Haití, Venezuela y Trinidad y Tobago.

En el año 2009 (3), señalábamos la existencia de al menos 8 barreras principales para el desarrollo de las microfinanzas en nuestro país, incluyendo la falta de fondeo suficiente, las visiones negativas que dificultan articular un plan exitoso para el sector, el alto costo impositivo, previsional y laboral, los obstáculos regulatorios, la falta de profesionalización, capacitación y educación de los agentes de cambio, la dificultad de ingresar en el mercado de capitales y la falta de captación del ahorro de los clientes.

Estas barreras no sólo no se han podido remover ninguna, sino que se han sumado nuevos desafíos que han producido la reducción del sector a su mínima expresión.

Dentro de los desafíos de naturaleza legal, destacamos lo complejo, costoso y largo que es el camino necesario para tener un negocio en regla y lo contradictorio que es solicitar al pequeño emprendimiento, la aplicación de prácticamente el mismo marco legal que se solicita a una empresa líder o incluso multinacional.

Las microfinanzas en Argentina tuvieron un incipiente desarrollo luego de la crisis del 2001, cuando varias organizaciones asumieron acciones de financiamiento a la población carenciada del país, fundamentalmente concentradas en el microcrédito. Pero, luego de 15 años, el sector no sólo no ha crecido, sino que se ha reducido.

En el año 2006 se promulgó la Ley de Promoción del Microcrédito, y el Estado Nacional comenzó a intervenir activamente otorgando fondeo a organizaciones de todo el país que ofrecieran microcrédito a los sectores más excluidos y no bancarizados, a una tasa del 6 % anual, sin importar cuál fuera la tasa de mercado, la inflación o los costos de la organización prestataria.  En 10 años el programa otorgó financiamiento a unas 1500 organizaciones ejecutoras del Programa y su mayor logro fue mejorar el alcance geográfico, permitiendo acceder al microcrédito a localidades que las microfinanzas muchas veces no llegan por temas presupuestarios, pero la falta de entendimiento del sistema y el uso político del crédito influyó negativamente en las Instituciones Microfinancieras que interpretaron el fondeo como un subsidio y aceptaron actuar como brazos ejecutores de políticas públicas, cuando en realidad estaban convocadas a generar riqueza allí donde hoy no la hay, ser autosustentables y crecer de la mano de los microemprendimeintos exitosos (4).

Para ilustrar lo antedicho, de las 8 organizaciones fundadoras de la red RADIM que nucleaba a las principales IMFs existentes en el año 2006, sólo la mitad continúa con programas de microcrédito; y si se analizan sus indicadores sus clientes se mantienen igual y solo aumenta la cartera relacionada directamente con el aumento del costo de vida y la inflación (5).

Se trata entonces de desregular en beneficio del microemprendedor, de las organizaciones que estén dispuestas a dedicarse a las microfinanzas e incluso de las organizaciones sin fines de lucro que atienden a esa población.

Algunos avances como el monotributo social o la figura de la simple asociación prevista en el nuevo Código civil y comercial de la Nación, parecen bien encaminados, pero los avances son muy tímidos y la realidad es que es muy difícil hacer negocios en Argentina y eso casi un acta de defunción cuando nos referimos a proyectos eminentemente sociales (6). 

Los nuevos instrumentos de inclusión financiera, como agentes bancarios o transacciones mediante telefonía móvil, apenas han penetrado en la región y su uso es muy escaso a diferencia de otras economías emergentes, como Asia. El desarrollo de estos nuevos instrumentos financieros en la región será clave para lograr un mayor acceso, en especial en áreas remotas y de difícil ubicación. Destacamos la importancia de que las razones del escaso uso de instrumentos financieros formales no son sólo económicas: la falta de confianza, de conocimientos financieros, de documentación y el miedo a endeudarse son igual de relevantes.

La inclusión de las personas en el sector de servicios financieros no solo mejoraría sus vidas, sino también contribuiría a la solidez de los propios sistemas financiero

En resumen, en una época que se destaca por la proliferación de nuevas tecnologías de comunicación, que permiten la realización de negocios en cualquier lugar del mundo con solo hacer un click, es imperativo repensar la normativa legal aplicable a los microemprendimientos y las microfinanzas con el objeto de facilitar la generación de riqueza y fuentes de financiamiento cuando no se puede acreditar la existencia de un trabajo formal, garantías o historia crediticia alguna.

(1) En ingles,  Consultative Group to Assist the Poor.

(2) Roa, María José. Inclusión financiera en América Latina y el Caribe: acceso, uso y calidad. Boletín del Cemla | Julio-septiembre de 2013. http://www.cemla.org/PDF/boletin/PUB_BOL_LIX03-01.pdf

(3) ¿Por qué las microfinanzas no se desarrollan con más éxito en Argentina? Publicado en el año 2009 por Roberto Crouzel en la Revista del Colegio de Abogados y en las publicaciones del CGAP.

(4) Ver http://economia.elpais.com/economia/2015/07/30/actualidad/1438260987_770753.html

(5) http://www.reddemicrocredito.org/descargas/benchmark.pdf

(6) De acuerdo al Banco Mundial, Argentina ocupa el puesto 121 sobre 189 países en relación a cuán fácil es hacer negocios en el país.