Todos conocemos los beneficios que los avances tecnológicos representan para la sociedad. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Para acercarnos a las gigantescas dimensiones del problema insinuado en el título, baste pensar en los “cementerios” de computadoras, monitores y fotocopiadoras que hoy pululan por doquier, y en los cientos de años que conlleva la degradación natural de cada uno de esos aparatos. De ahí que la gestión, disposición y destrucción de esas unidades, sea precisamente uno de los tantos factores que tienen que ver con el deterioro del medioambiente.
Inspirado en el loable propósito de proteger al entorno contra los riesgos derivados de la superpoblación de esos y de tantos otros aparatos, el pasado mes de noviembre el Poder Ejecutivo aprobó el llamado Reglamento para la gestión integral de residuos, aparatos eléctricos y electrónicos (“el Reglamento”).
A continuación, se sintetizan algunas de las principales líneas establecidas en este Reglamento.
El Reglamento establece la responsabilidad general de toda persona, física o jurídica, nacional o extranjera, por la adecuada gestión de los aparatos eléctricos y electrónicos (“AEE”) en desuso. Concretamente, el Reglamento establece la obligación de todo tenedor de AEE, de prevenir la generación de residuos mediante la adopción de prácticas tendientes a la extensión de la vida útil de los respectivos productos.
Entre otros, el Reglamento establece la obligación de contar con planes de gestión de los residuos de AEE. Crea el registro de reparadores y prestadores de servicios técnicos de AEE. Todo ello en términos tales que, a partir de los plazos estipulados en el Reglamento, la gestión de los RAEE solo podrá estar a cargo de aquellos reparadores debidamente inscritos.
En suma: el Reglamento refleja una política nacional sobre un tema desesperadamente actual. Como todo lo que hacemos los hombres, esa política podrá ser perfectible; pero no cabe duda que resulta absolutamente necesaria.
Por Daniel Moscoy Jonás Bergstein
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