En el proceso que iniciará la Argentina en el corto plazo para dejar atrás el default de la deuda hay, por definición, muchos intereses cruzados. Para el Gobierno, la solución tiene que resolver dos cuestiones: estar alineada con su concepto de “negociación soberana” y habilitar el objetivo principal, que es despertar el interés de los inversores por volver a confiar en la Argentina. Pero para que tenga éxito, debe respetar una tercera condición no escrita: estar configurada como un negocio para los interesados. Los funcionarios que tienen que plantear la oferta a los holdauts, en conjunto con los bancos que actúan como asesores, son los responsables de hacer congeniar este tríptico. Sin embargo, hay un factor que le impone inestabilidad a la discusión: el riesgo legislativo. El Gobierno incluyó en el Presupuesto 2010 un pedido de autorización para proseguir la negociación que si bien lo faculta para realizar todos los actos necesarios, también lo obliga a respetar los límites de la ley 26.017 (que prohíbe al Ejecutivo reabrir el canje, pero también autoriza al Palacio de Hacienda a reemplazar los títulos en default de aquellos que no iniciaron acciones judiciales). Hasta que el Congreso no se pronuncie, habrá otra cuota de inseguridad en esta definición compleja. Fuente: Cronista.com