De acuerdo a una tabla comparativa divulgada por el coordinador de la Comisión redactora del anteproyecto, Roberto Carlés, y de borradores difundidos, el nuevo Código Penal comprendería delitos económicos, como el desabastecimiento, que solo estaban contemplados en leyes especiales.
Además, las empresas –no solo sus integrantes- podrán ser sancionadas por cometer delitos y se castigarán las actividades monopólicas. Las personas jurídicas podrían ser penadas por delitos de lesa humanidad.
Según lo trascendido, el anteproyecto crearía otros tipos penales, como delitos contra la competencia o el cohecho financiero activo, además de reducir sanciones a otras conductas prohibidas, como la compraventa no autorizada de divisas.
Por su parte, la nueva legislación establecería multas que varían de acuerdo a los ingresos y se medirían en días. De esta manera, una empresa o su CEO pagarían más que un obrero por la comisión del mismo delito.
En contraposición con esto, el Código Penal actual determina montos fijos de dinero para las penas, los cuales suele quedar desactualizados debido a la inflación.
Con respecto a las actividades como la evasión y el lavado de dinero, las penas actuales se mantendrían sin alteración. Además, el anteproyecto crea el capítulo de Delitos contra la competencia, penando con prisión de seis meses a cuatro años y una multa a quien “abusando de una posición de dominio total o parcial, o mediante acciones concertadas entre competidores, impidiere o distorsionare la competencia en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico en general”.
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