La Corte Suprema norteamericana otorgó a las compañías más capacidad de derribar juicios presentados por inversores que alegan fraude, pero se negó a revocar la controvertida doctrina jurídica. Esa doctrina legal, conocida como "el fraude en el mercado", sirvió de base para permitir a los inversores iniciar gigantes demandas colectivas. Críticos de esta doctrina han argumentado que la era poco sólida e inviable.

El dictamen fue en el marco de un caso que tramita por varios años e involucra ala petrolera Halliburton, y marca un nuevo resultado en la aguerrida pelea de los defensores de los inversionistas y los grupos empresariales que buscan hacer caer esas demandas. Los actores en la causa acusan a Halliburton de engañar a los inversionistas con temas contables, exagerando los beneficios de su fusión en 1998 con Dresser Industries, y ocultando su exposición a responsabilidades. Alegan que cuando se dio a conocer la información real, precio de las acciones de Halliburton cayó significativamente. Halliburton niega haber hecho declaraciones falsas y desmiente que haya habido impacto en el precio de las acciones.

La Corte en el caso Halliburton había considerado si hacía caso omiso al precedente Basicc/Levinson, bajo el cual se sostenía que los inversores que realizan una acción de clase por fraude de valores no tienen que demostrar que realmente se constituyó alguna declaración engañosa por parte de la empresa. En cambio, fue suficiente para que los inversores confiaran en la integridad de los precios de las acciones, ya que en mercados eficientes deberían tener en cuenta las declaraciones de la compañía en el precio de las acciones.

Ahora, la Corte establece que una compañía acusada debería tener desde el principio la oportunidad de derribar afirmaciones de que un presunto fraude tuvo impacto en las oscilaciones del precio de las acciones. Esto podría impedir una acción de clase, algo que es una victoria para las empresas que a menudo sienten la presión de resolver incluso acusaciones débiles debido a la posible responsabilidad. Antes, las empresas tenían que esperar hasta después de la certificación de las acciones colectivas para poder oponerse.

Adam C. Pritchard, profesor de derecho corporativo y de valores deUniversidad de Michigan, considera que "es una gran novedad, pero no cambia el resultado necesariamente para estos casos. Es una herramienta más útil para los acusados".

El caso con respecto a los inversores que compraron acciones de Halliburton entre 1999 y 2001 estuvo 12 años en la justicia antes de llegar a la Corte.