Con fecha 19/02/2020 se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la Resolución General N° 1/2020(en adelante la Resolución) de la Inspección General de Justicia (de aquí en más IGJ), suscripta por su nuevo Inspector General, el destacado profesor Ricardo A. Nissen, referida a morigerar ciertas exigencias por parte del organismo de contralor para la constitución e inscripción de asociaciones civiles de primer grado cuyo objeto principal sea la promoción y atención de derechos económicos, sociales y culturales de grupos vulnerables y/o comunidades étnicas que presenten condiciones de pobreza y vulnerabilidad, o la promoción y atención de cuestiones de género, o la actuación como cooperadoras de establecimientos educativos, hospitalarios u otros que provean servicios a la comunidad.

Los fundamentos de la medida predican en que es “ventajoso promover en una comunidad organizada, sobre todo, en las actuales circunstancias, cuando su objeto principal sea la promoción y atención de derechos económicos, sociales y culturales de grupos vulnerables y/o comunidades étnicas que presenten condiciones de pobreza y vulnerabilidad, o la promoción y atención de cuestiones de género también enfocada a sectores o grupos en condiciones de marginalidad o vulnerabilidad, o la actuación como cooperadoras de establecimientos educativos, hospitalarios u otros que provean servicios a la comunidad, resulta justo y conveniente facilitar y abaratar el cumplimiento de su formalidad instrumental constitutiva” de dichas organizaciones.

Así las cosas, en los considerandos de la primera resolución general de la IGJ del año en curso, se dice que conforme al art. 169 del Código Civil y Comercial de la Nación (1) el acto constitutivo de las asociaciones civiles debe ser otorgado por instrumento público, refiriendo que por el art. 289 del mismo plexo normativo (2) son instrumentos públicos “no solo las escrituras públicas y sus copias o testimonios, sino además, por lo que importa a la presente resolución, los instrumentos extendidos con los requisitos de ley por los funcionarios públicos en los límites de sus atribuciones y de su competencia territorial (art. 289 cit., inc. "b", y art. 290 inc. "a" del Código Civil y Comercial de la Nación)”(3).

Por su parte, cabe consignar que en las denominadas Normas de la IGJ, la Resolución General 7/2015 contempla únicamente a la escritura pública como forma instrumental del acto constitutivo, inclusive para los supuestos de optar los constituyentes por el “estatuto-tipo” aprobado como Anexo XV de dichas Normas.

En ese sentido y teniendo en cuenta “Que el costo que ello entraña es sin duda superior al valor del patrimonio social mínimo inicial de la asociación, y dado que usualmente son los asociados que fundan la entidad quienes contribuyen a solventar los costos de la constitución, ello irrogaría la necesidad de una afectación de recursos económicos cuya falta podría en muchos casos frustrar la constitución formal de la asociación y derivar en una actuación informal y probablemente inorgánica de un colectivo no personificado; siendo que, por el contrario, contándose con tales recursos o parte de ellos, los mismos serían susceptibles de afectarse al patrimonio social mínimo inicial en beneficio de una más efectiva puesta en marcha del cumplimiento del objeto de la entidad que interesa al Estado por encontrarse involucrado el bien común o el interés general de la sociedad”, reza otro de los fundamentos de la novísima normativa.

De allí, que por la resolución en comentario, se decide admitir “como opción a la escritura pública la posibilidad de que la misma sea cumplida conforme al art. 289 inciso b) del Código Civil y Comercial de la Nación; siendo asimismo conducente, en línea con el abaratamiento de costos que se persigue, eximirlas del pago del arancel de constitución y en su caso del de reserva de denominación y también para su oportunidad del requerido para la individualización y rúbrica de los libros contemplados en el art. 382 de las Normas IGJ, sin perjuicio de que la subsistencia de la exención para otros trámites posteriores se supedite al cumplimiento efectivo y suficiente de los objetivos de la entidad conforme se contempla en el artículo 6° inciso 1 tercer párrafo de las citadas Normas” (4).

En miras de establecer, entonces, un procedimiento simplificado que permita un control previo de la legalidad de los contenidos que los constituyentes o una parte relevante de ellos se propongan incluir en un proyecto escrito de acto constitutivo y que deberán presentar a la IGJ anticipadamente a la fecha de celebración de dicho acto para la formación de las pertinentes actuaciones administrativas, lo que es equiparable, en su instancia de formación, a la función de ese organismo de dictaminar sobre consultas de las entidades, “y a la asistencia y orientación que en el ámbito de los Departamentos que integran la Dirección de Entidades Civiles se brindan con periodicidad suficiente”.

Todo ello debe completarse una vez efectuado el aludido control con la posterior asistencia al acto constitutivo en fecha predeterminada y en ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de un inspector de justicia que en su condición de funcionario público y en ejercicio de sus funciones en ese ámbito territorial, formalizará el instrumento de constitución receptando la definitiva declaración de voluntad de los constituyentes con los contenidos que las Normas IGJ requieren volcar en el acta fundacional, incluyendo en ella las estipulaciones del estatuto social.

Esa declaración de voluntad conformada por un inspector de justicia de la IGJ adquirirá, con su formalización escrita, la calidad de instrumento público legalmente requerida.

Es de destacar que la novel norma también exime a las supra mencionadas asociaciones civiles de la presentación del dictamen de precalificación profesional, “salvo si se controvirtieren las observaciones de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA a que se refiere el artículo 4° inciso 4 sub c), en cuyo caso se requerirá dicho dictamen con firma de abogado” (cfr. art. 1° in fine de la Resolución).

El art. 4°, inciso 4 c) remite a las observaciones por el organismo de contralor al proyecto de acta constitutiva o fundacional de la asociación, cuya contestación controvirtiéndolas, deberá hacerse acompañada de los textos completos de cláusulas estatutarias que hayan sido objeto de las mismas.

En el art. 2° de la Resolución se establece que con antelación no menor a quince (15) ni mayor a treinta (30) días de la formalización del acto constitutivo, deberá presentarse a la IGJ, para su tramitación en el Departamento Personería Jurídica de la Dirección de Entidades Civiles, un instrumento firmado por los que serán constituyentes y autoridades de la asociación civil.

“Dicho instrumento  - determina la normativa reciente - será tenido por proyecto de acta constitutiva o fundacional. Con su convalidación o reformulación por la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA y al formalizarse por el organismo y suscribirse por inspector de justicia junto con los constituyentes y autoridades de la entidad conforme al procedimiento regulado en esta resolución, quedará con calidad de instrumento público elevado a acto constitutivo de la asociación civil”.

Por el art. 3° de la Resolución se fijan los requisitos que debe contener el acta constitutiva de las asociaciones civiles a las que está dirigida la norma (5) y por el subsiguiente, una vez presentado el proyecto, se instaura un procedimiento que concluye con “la concurrencia de inspector de justicia al lugar y en la fecha indicado por los constituyentes, para la formalización del acta constitutiva y la realización de la visita de inspección contemplada en el artículo 358 de las Normas IGJ si el lugar de celebración del acto constitutivo fuere el de la sede social oportunamente indicada; si no lo fuere dicha visita se pospondrá a oportunidad previa a la elevación de las actuaciones a resolución de otorgamiento de la autorización para funcionar” (6) o bien de considerarse no satisfactoria alguna de las contestaciones a las observaciones producidas por el organismo “se notificará al representante la finalización del procedimiento regulado en esta resolución, a efectos de que la solicitud de otorgamiento de autorización para funcionar sea encauzada por la vía del art. 352 de las Normas IGJ; se mantendrán las exenciones de pago de aranceles de actuación indicadas en el tercer párrafo del artículo 1°, sin perjuicio en su caso de la pérdida de vigencia de la de reserva de denominación” (7).

Finalmente, el proyecto de acta constitutiva o fundacional, en sus términos y/o los resultantes de la subsanación de las observaciones contempladas, según corresponda, será elevado a acta fundacional definitiva con la intervención y firma del inspector de justicia concurrente quien receptará en ella la definitiva declaración de voluntad de los constituyentes y autoridades sociales referidos en el art. 3° inciso 1 de la Resolución, con los recaudos allí consignados y la constitución de domicilio especial en el caso de las autoridades sociales, con constancia expresa de la decisión de los constituyentes de solicitar en favor de la asociación civil constituida la autorización para funcionar como persona jurídica; podrá asimismo designarse o confirmarse la designación de representante anterior para la prosecución del trámite de autorización.

“Dicho instrumento será tenido por proyecto de acta constitutiva o fundacional. Con su convalidación o reformulación por la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA y al formalizarse por el organismo y suscribirse por inspector de justicia junto con los constituyentes y autoridades de la entidad conforme al procedimiento regulado en esta resolución, quedará con calidad de instrumento público elevado a acto constitutivo de la asociación civil”, concluye el art. 5° de la normativa en análisis.