Con la firma de Antonio Gómez Sáenz, ex vicepresidente ejecutivo de YPF, e Iñigo Alonso de Noriega Satrústegui, director de Asuntos de Gobierno Corporativo, la empresa Repsol entregó un documento a compañías españolas que invierten en Argentina.
En 11 páginas, las autoridades de la ex propietaria de YPF criticaron las políticas económicas y de hidrocarburos impulsadas por la administración de la presidente Cristina Fernández.
El documento, que ataca el intervencionismo oficial en la economía y presenta una mirada crítica acerca de la evolución de las reservas y producción de crudo, tiene como subtítulo “una ilegalidad sin precedentes”.
Repsol, además, sostiene que padeció una campaña de hostigamiento y que se generó un clima favorable para llevar a cabo la expropiación y el hundimiento de la cotización de las acciones de la petrolera.
El informe reafirma que la expropiación "carece de una verdadera causa de utilidad pública", "vulnera la garantía constitucional de igualdad y no discriminación (garantizada por el art. 16 de la Constitución), al sujetarse a expropiación no todo el sector de los hidrocarburos, sino únicamente a una empresa y, de ella sólo a un 51% y a un único accionista".
"La manifiesta ilegalidad de las medidas adoptadas, y el deliberado incumplimiento de su promesa de OPA, son una señal clara de la inseguridad jurídica existente a fecha de hoy en Argentina”, resalta el documento.
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