El 17 de agosto de 2020 fue publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el Decreto 677/20, por medio del cual el Presidente de la Nación ha establecido nuevos términos y prorrogado tanto el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” (“DISPO”) como el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (“ASPO”), desde esa fecha hasta el 30 de agosto de 2020, inclusive.

En materia de mediaciones reguladas por la Ley 26.589, ello significa que la Resolución 121/20 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación[1] y las mediaciones virtuales que trajo —si todas las partes están de acuerdo y así lo expresan por escrito[2]—, siguen vigentes por imperio de lo establecido en su artículo primero[3].

Y la suma del nuevo decreto y de la ya no tan nueva resolución ministerial, también le mantienen la vigencia a la limitación para mediar, pues dado el contexto, “sigue viva” la condición de que para hacerlo así, por medios electrónicos, todas las partes deben estar de acuerdo. En efecto, si la parte requerida no hubiera contestado nada a la citación o no hubiera aceptado los términos para mediar por medios electrónicos, en definitiva la mediación no puede terminar con el acta que habilita la vía judicial.

¿Y entonces?

Pues bien, vayan estas líneas para reflexionar y advertir la necesidad de hacer los planteos que se estimen necesarios y conducentes al demandar, pues se ha levantado la feria judicial, y no podría accederse a Tribunales sin cumplir con la mediación, pues sigue siendo previa y obligatoria para todas las controversias (excepto las del art. 5 de la Ley 26.589 modificado por la Ley 26.993[4]) y, por ahora, si el requerido guarda silencio o no comparece, no hay acta para acreditar tal extremo[5].

Tanto es el fastidio con esa realidad —cargada por tantos meses de feria judicial, es cierto—, que hace unos pocos días circuló entre los mediadores una comunicación sin fecha y de supuesta autoría de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (que por su escueto nombre llamaré de ahora en más, la “DINAM”), por medio de la cual se les informaba que están trabajando “en el dictado de un acto administrativo con la finalidad de incorporar la “Mediación a Distancia (MAD)” dentro del proceso de mediación prejudicial obligatoria”. Y vaya a saber cuándo saldrá a la luz ese acto administrativo, pero mientras no esté, pese a que puede haber “mediación prejudicial” porque no hay feria judicial[6], las reglas siguen siendo las de la Resolución 121/20.

En ellas, repasemos, se establece que los Mediadores prejudiciales podrán llevar a cabo las audiencias por medios electrónicos, mediante videoconferencia u otro medio análogo de transmisión de la voz o de la imagen[7], siempre que quede garantizada la identidad de los intervinientes y el respeto a los principios que rigen el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria previstos en la Ley 26.589.

El Mediador, dice la resolución bajo comentario, es quien tiene la responsabilidad de convocar a las partes y a sus letrados patrocinantes, y de acreditar sus respectivas identidades. Para ello, antes de la primera audiencia, los nombrados deberán enviar al correo electrónico “constituido” por el Mediador ante la DINAM una serie de datos[8], y a través de ellos serán válidas todas las comunicaciones (posteriores).

El problema que comentamos y antes referimos viene a continuación, pues el artículo 5 establece que las ya no tan novedosas y entretenidas videoconferencias, se podrán realizar únicamente “cuando todos los participantes cuenten con los medios técnicos necesarios y hayan prestado conformidad por escrito -en cualquier soporte- para llevarlas a cabo de tal modo” (los resaltados son míos). Y esta dificultad la ratifica el art. 15 de esa “Guía para la Realización de Mediaciones a Distancia” (que se publicó más tarde, en el Boletín Oficial del 8 de mayo del corriente), que bien dice: “Las mediaciones llevadas a cabo bajo esta modalidad no podrán finalizar por la causal de incomparecencia.”

Luego, supongamos superado el obstáculo indicado en el párrafo precedente, si se arribase a un acuerdo[9] que “implicase obligaciones de pago”, se cumplirán mediante transferencias bancarias a las cuentas que oportunamente declaren las partes[10]. Y el procedimiento virtual llega hasta ahí en caso de acuerdos, digamos, porque en ausencia de firma digital (es lo más verificado a la fecha), no tan excepcionalmente el Mediador recibirá a las partes para firmar ológrafamente, quienes estarán exceptuadas para trasladarse hasta allí a esos efectos.

En definitiva, queda claro el conflicto y la necesidad de que el Poder Judicial, por ahora, sea quien destrabe la cuestión hasta que el Poder Ejecutivo y por medio del Ministerio de Justicia, reordene la cuestión de la mediación no aceptada o con requeridos que no comparecen.

No debe la justicia patrocinar la denegación de justicia, ni seguir favoreciendo a los vivos de siempre, que sabiendo de estas limitaciones, burlan derechos amparados constitucionalmente.

Por Guillermo Lasala