El Poder Ejecutivo promoverá ante el Congreso de la Nación dos proyectos de ley con el objeto de tipificar conductas e incorporarlas en el Código Penal de la Nación respecto a la manipulación de los mercados, y de perseguir con mayor firmeza el financiamiento del terrorismo.
Los proyectos de ley a presentar surgieron en observancia de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre los estándares internacionales de transparencia financiera que sugirieron a la Argentina para regularizar su situación legislativa respecto de la lista de países que, a pesar de cooperar en la lucha contra el terrorismo y el lavado, adolecían de deficiencias legislativas.
Las iniciativas fueron impulsadas, en forma conjunta, por el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, quienes incluyen en sus objetivos asistir a la CNV, que hasta el momento sólo disponía de normas para sanciones mediante multas en aquellos casos en los que detectara irregularidades.
En particular, los delitos que se pretendería incorporar en el Código Penal son cinco.
En primer lugar, los nuevos tipos en arreglo a las sugerencias del GAFI regulan abuso de información privilegiada, que se reprime en todo el mundo y consiste en usar esa información especial para definir movimientos financieros y bursátiles, y la manipulación de valores negociables, que busca penar aquellas acciones que alteren deliberadamente el valor de los instrumentos financieros.
Posteriormente, el proyecto legislativo perseguiría a las entidades financieras o bursátiles que operen sin autorización bajo el delito de captación no autorizada de ahorros públicos, a la vez que a aquellos sujetos o entidades que, estando autorizados para operar, lo hagan mediante mecanismos fraudulentos, lo cual constituiría captación fraudulenta de ahorros públicos.
Por último, mediante el cohecho financiero se busca castigar el cobro de comisiones indebidas y otros réditos económicos no previstos por la ley.
Según expresaron los redactores de las iniciativas, las penas dependerán de la gravedad de cada caso, aunque podrán superar los dos años de prisión, o la inhabilitación.
Respecto del texto que persigue el terrorismo, se contempla la creación de un tipo agravante del actual artículo 41 del Código Penal, que “establece una nueva forma de penalizar el financiamiento del terrorismo, en el cual quedan comprendidos no solamente las asociaciones internacionales, sino también los organismos locales o individuos que recolecten fondos con el fin de realizar actos de terrorismo”, según lo declarado por los proponentes.
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