Como es sabido, uno de los pilares del Estado de Derecho es el acceso a los órganos judiciales en procura de justicia[1]. Sin duda, ello ha sido afectado por las distintas medidas adoptadas en el marco de la pandemia de COVID-19[2]. Si bien la situación varía entre la justicia federal, la de cada provincia y la de la Ciudad de Buenos Aires (e incluso también entre fueros de la misma jurisdicción o departamentos judiciales), es posible sostener que el funcionamiento de los tribunales, al menos hasta ahora, ha sido, en general, mínimo.

En la órbita federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado una feria judicial extraordinaria[3] con los conocidos efectos que ello acarrea respecto del cómputo de plazos, a menos que se disponga la habilitación de feria en aquellos asuntos que  “no admitan demora o medidas que de no practicarse pudieren causar un perjuicio irreparable”[4]. Al igual que durante la feria ordinaria, los distintos fueros y tribunales federales del interior funcionan con jueces de turno. Sin perjuicio de ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó “el trabajo desde sus hogares (…) a fin de que los magistrados, funcionarios y empleados que no sean convocados a prestar servicio en los tribunales de guardia puedan seguir prestándolos (sic) desde su domicilio”[5].

A las dificultades que estas restricciones ocasionan, se suma que, al menos en una primera etapa, el umbral de urgencia exigido para habilitar la feria ha sido alto, tal como sucede en la feria ordinaria. Por ejemplo, la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ha considerado necesario acreditar un “riesgo cierto de que [la] pretensión [del actor] se torn[e] ineficaz en el caso de que no [sea] tratada durante” la feria[6]. Además, en forma similar a lo que sucede normalmente cuando resuelve pedidos de medidas cautelares, dicho tribunal ha sido particularmente riguroso con las cuestiones estrictamente patrimoniales, en las cuales generalmente requiere acreditar documentalmente el impacto de la medida cuestionada en la situación financiera y patrimonial del actor[7]. En la misma línea, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal ha resuelto que “el grado de excepcionalidad aludido en el art. 4° del Reglamento para la Justicia Nacional [para habilitar la feria] se ve acentuado en la actualidad por las restricciones impuestas por las normas destinadas a combatir la pandemia del coronavirus COVID 19”[8].

Sin embargo, esta situación podría comenzar a cambiar. En primer lugar, el 27 de abril de 2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que los tribunales con función de superintendencia “podr[ían] ampliar las materias a ser consideradas durante esta feria extraordinaria. (…) de forma de garantizar la prestación del servicio de justicia, [incluso] mediante la realización de actos procesales válidos de forma remota”[9]. Más recientemente, el 11 de mayo de 2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la Acordada 14 mediante la cual encomendó a los tribunales con funciones de superintendencia que designen las autoridades de feria en el ámbito de su jurisdicción “para atender la mayor cantidad de asuntos posibles” de acuerdo con los lineamientos desarrollados en cuatro protocolos aprobados como anexos[10].Por su impacto en el derecho de acceso a la justicia, conviene considerar especialmente dos de estos documentos.

Por un lado, mediante el anexo denominado “Protocolo y Pautas para la Tramitación de Causas Judiciales durante la Feria Extraordinaria” la Corte Suprema realizó algunas recomendaciones a los tribunales con funciones de superintendencia para ampliar los asuntos tramitados durante la feria. Por ejemplo, sugirió que los tribunales consideren “la reapertura progresiva en las distintas ciudades o regiones del país, aplicables al ámbito de su jurisdicción”[11]. Incluso, indica que “las Cámaras Federales con asiento en las provincias podrán evaluar y requerir a[l] Tribunal el levantamiento de la feria en su jurisdicción o respecto de algunos tribunales bajo su superintendencia”[12]. Además, recomendó que dentro de los asuntos de “materia no penal”, admitan “procedimientos de amparos-Ley 16.986- y amparos contra actos de particulares-; juicios laborales; habeas data; procesos de daños y perjuicios; de naturaleza previsional; de regulación o por honorarios profesionales en todos los procesos; procesos universales -sucesiones, concursos-; medidas cautelares; procesos voluntarios”[13]. En esta línea, la Corte también estableció que “el juez natural podrá evaluar y disponer en forma remota la habilitación de la feria para el dictado de sentencias definitivas e interlocutorias en aquellos expedientes que se encuentren en condiciones de ser resueltos, para aquellos tramites imprescindibles en los que fuera necesaria la asistencia presencial se dispondrá la asignación de turnos de forma”[14].Al respecto, cabe advertir que, después de notificada la sentencia no correrán los plazos procesales, pero las partes podrían solicitarlo al juez natural[15].

Por otra parte, en el documento denominado “Protocolo para Formular Consultas en el Poder Judicial”, estableció que para “aquellos tramites imprescindibles en los que fuera necesaria la asistencia presencial [a la sede del tribunal] se dispondrá la asignación de turnos de forma remota”[16]. Además, dispuso que “las distintas mesas receptoras de escritos o dependencia involucrada”[17]deberán constituir “correos electrónicos institucionales (…) con el objeto de responder las consultas -en la medida que ellas sean pertinentes y de la competencia del área que se trate-, que los operadores del sistema formulen”[18].

Ante ello, la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que a partir del 11 de mayo de 2020 cese la designación de los jueces de feria de ambas instancias y que intervengan “la totalidad de jueces de ambas instancias del fuero, en su calidad de jueces naturales, en la atención de aquellos asuntos en los que se requiriese habilitación de feria”[19]. Sin embargo, debe notarse que este tribunal ha aclarado que los jueces deberán “atender [estos pedidos] en forma remota y únicamente los pedidos de habilitación de feria en aquellas cuestiones cuya urgencia no admita demora o medidas que de no practicarse pudieran causar un perjuicio irreparable”[20].En definitiva, será el juez natural de cada proceso quien decidirá el pedido de habilitación de feria y no los de turno.

Por su parte, en la Provincia de Buenos Aires el panorama es un tanto diferente ya que la Suprema Corte bonaerense no estableció la feria judicial, sino un asueto administrativo con suspensión de plazos procesales y un sistema tribunales de turno y de guardia análogo al que rige durante las ferias ordinarias[21]. Sin embargo, con el objetivo de ir retornando a la normalidad, el 27 de abril pasado la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dispuso la reanudación de los plazos procesales en dos etapas[22]. A partir del 29 de abril, los correspondientes para que los tribunales dicten toda clase de resoluciones y sentencias y las notifiquen electrónicamente en prácticamente todos los procesos[23]. De tal modo, se han reanudado los plazos en los procesos en los que el impulso corresponde al tribunal. En la segunda fase, que comenzó el 6 de mayo, se reanudaron los plazos en los expedientes en los que el impulso depende de alguna de las partes, pero únicamente para hacer presentaciones electrónicas y actos procesales compatibles con las restricciones para circular[24]. Por tanto, expresamente se excluye a los que requieran la afluencia de personas a los tribunales. Cabe destacar que esta nueva reglamentación se presta a dos interpretaciones con relación al reinicio de los plazos para las partes luego de notificada una providencia por el tribunal ya que es posible entender que los plazos se computan desde el 6 de mayo o desde el mismo día en que la parte ha recibido la notificación si fue anterior a esa fecha[25].

Sin embargo, esto no implica una vuelta total a la normalidad dado a que continúa la prohibición de iniciar nuevas demandas, con excepción de aquellas interruptivas de la prescripción y aquellas que versen sobre cuestiones urgentes y, además, continúa vigente el sistema tribunales de turno y guardia[26].

A su vez, en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también fueron suspendidos los plazos procesales[27] a excepción de aquellos concernientes a cuestiones “urgentes”, lo cual ha sido expresamente definido como “todo proceso de amparo o solicitud de medida cautelar cuyo diferimiento temporal pueda poner en peligro la vida, la salud, integridad física de las personas y/o afectaciones irreparables al medio ambiente”[28]. Este criterio, sin duda muy restrictivo, es similar al vigente en la Provincia de Santa Fe[29]. Sin embargo, el 26 de abril el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires amplió los asuntos que están exceptuados de la suspensión de plazos. Ahora los plazos también correrán en las causas que se encuentren con autos para dictar sentencia y en aquellas causas ordinarias, amparos, medidas cautelares y ejecuciones fiscales cuyos expedientes estén completamente digitalizados y las partes hayan constituido domicilio electrónico[30].

La situación en el resto del país no es homogénea. Por ejemplo, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis había dispuesto la suspensión de todos los términos procesales[31], pero lentamente dictó medidas para reanudar la actividad judicial. Primero resolvió que los magistrados, funcionarios y empleados judiciales deben prestar servicios en su domicilio a través de medios electrónicos[32], luego exhortó “a los distintos Organismos del Poder Judicial a poner al día los despachos judiciales durante el tiempo de crisis sanitaria, a fin de evitar el retraso en el dictado de las resoluciones judiciales”[33]y finalmente, el 6 de mayo, dispuso el cese de la suspensión de términos procesales a partir del 11 del mayo, salvo, por ejemplo, en los casos no urgentes que requieren inevitablemente realizar actos presenciales[34].

Por su parte, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro declaró la feria judicial[35] y habilitó a los tribunales a llevar adelante “todo procedimiento que resulte impostergable en términos de necesidad para el justiciable y/o auxiliares del servicio de justicia”[36]. Con posterioridad, el 11 de mayo, estableció la reanudación de los plazos procesales “para dictar autos interlocutorias (sic) y sentencias definitivas, cuya suspensión quedará sin efecto a partir del 18 de mayo de 2020”[37].

A su vez, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos inicialmente suspendió los plazos procesales[38], pero el 27 de marzo resolvió su reanudación a partir del 4 de mayo para ciertos actos procesales, entre los que se encuentran el pedido de suspensión y anulación de actos administrativos[39].

En suma, la breve descripción realizada demuestra que, no obstante las diferencias que existen entre las distintas jurisdicciones, la actividad judicial ha estado reducida considerablemente, pero que —en general— las nuevas reglamentaciones otorgan suficientes herramientas para transitar el camino hacia el pleno funcionamiento de los tribunales. Sin duda, es preocupante que se limite el funcionamiento del Poder Judicial, ya que éste tiene un rol fundamental en el Estado de Derecho, porque es el encargado de controlar que la actuación estatal se ajuste al ordenamiento jurídico[40]. Y esta tarea adquiere todavía más relevancia en el contexto actual debido a que se han dictado un sinnúmero de normas por las cuales se han restringido sustancialmente, e incluso aniquilado, derechos esenciales[41].

Más allá de las limitaciones tecnológicas que puedan presentar los sistemas informáticos en las diferentes jurisdicciones, parece ineludible que, luego de haber transcurrido más de cincuenta días desde que se dispusieron las primeras medidas restrictivas de la actividad judicial, se comiencen a dar los pasos necesarios para volver a la normalidad -como se ha hecho, por ejemplo, las Provincias de Buenos Aires y Entre Ríos- y, de este modo, poner en práctica lo expuesto por la misma Corte Suprema de Justicia Nación en el reciente caso “Fernández de Kirchner”[42]. Allí el alto tribunal afirmó que, en situaciones de emergencia como la que vivimos actualmente, “las autoridades constitucionales están más vigorosamente llamadas a encontrar cauces institucionales para enfrentar tales desafíos”[43]. Y además agregó “que ni siquiera estados de grave conmoción social, incluso aquellos que llevaron a la declaración del estado de sitio, pueden resultar en que se ‘excluya la intervención de los jueces, tuitiva de los derechos individuales’”[44].

En tal sentido, es indudable que debe encontrarse un equilibrio entre la tutela al derecho a salud (perseguida por todas las normas que han limitado el funcionamiento de los órganos judiciales) y el derecho de acceso a la justicia y la garantía del control judicial de la actividad estatal. Éstos pueden ser armonizados con buena voluntad y aprovechando los avances tecnológicos. Así como no existe necesariamente contradicción entre la protección salud y el resguardo de la economía, tampoco cabe suponer que exista una antinomia entre derecho a la salud y derecho a la justicia. Esperemos que los tribunales avancen en esta línea y se saque de este modo a la justicia de la cuarentena.